La estampa se produjo hace escasos días. En una subasta de inmuebles del Estado se congregaron varios interesados en tres viviendas ubicadas en el Portitxol, Santa Ponça y Son Gotleu. Un inversor centroeuropeo advirtió a los allí presentes que se lo quedaría todo. Por el de Son Gotleu, en la calle Regal, pagó 80.000 euros, aún sin reformar. Si sale al mercado, el precio quedará totalmente fuera del presupuesto de los vecinos. «Al final acabaremos todos en VPO y las libres las habrán acaparado los inversores», cuenta esta fuente anónima.
Aunque hubo una caída en 2020 por la pandemia, los extranjeros son los responsables de alrededor del 30 por ciento de las compraventas de Baleares. Fuentes del sector advierten que «las compras de vivienda de extranjeros están ahora muy alegres».
Según Natalia Bueno, presidenta del Colegio de Agentes del Propiedad Inmobiliaria (API), «algún día tendrá que empezar el debate. Aquí no hay limitación en la adquisición de viviendas por parte de extranjeros. Además, aquellas compras que sobrepasan el medio millón de euros se les premia con el permiso de residencia [la medida conocida como Golden Visa]. Si miramos a otros países, nos encontraremos límites en sitios tensionados. Donde hace falta vivienda para el residente hay limitaciones y prohibiciones».
En el caso de esa subasta de inmuebles patrimonio del Estado que quedaron en mano de un inversor extranjero, Bueno reflexiona: «¿No debería haber un convenio entre instituciones estatales y autonómicas para sacar esas viviendas en alquiler?». Bueno reconoce que «aquí nos enriquecen las ventas de primeras y segundas residencias, pero habría que hacer un pensamiento con la especulación».
¿Qué soluciones propone la presidenta de los API? «Si no les limita el número de viviendas que compran, pues que se les suba el impuesto de transmisiones patrimoniales. Que no paguen ni un 8 ni un 10 por ciento, sino un tramo fijo para que esos impuestos puedan repercutir en construir viviendas de alquiler y VPO y así se compense a la clase media trabajadora».
Por su parte, Hans Lenz, presidente de la Asociación Balear de Inmobiliarias Nacionales e Internacionales (ABINI), advierte que este caso de la subasta «son casos excepcionales. Algún día este inversor se despertará y se dará cuenta de lo que ha comprado. Por eso no creo que haya que legislar en caliente».
Lenz advierte que ya existe una limitación para los inversores extranjeros: «Hay una falta de disponibilidad de inmuebles, tenemos cero suelo para desarrollar. El precio de entrada para comprar es cada vez es más bestia. Comprarse una casa en Mallorca es solo para las élites».
Y además de los precios hay que sumar «la carga fiscal brutal. Por comprar una vivienda de 10 millones, pagan 200.000 euros en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales. Cuando Mallorca es uno de los pocos sitios donde te cobran esto, te lo piensas dos veces frente a otro sitios. Si el que compra hoy y mañana vende con un poco de beneficio, se da con un canto en los dientes». Para Lenz, «con la que está cayendo, limitar este tipo de adquisición cuando es de los pocos sectores que ha aguantado, sería un error».
El economista Alejandro del Campo advierte que imponer limitaciones a los extranjeros para comprar vivienda en Mallorca es implanteable, dado el tratado de funcionamiento de la UE, «en la que está prohibido cualquier restricción de libre circulación entre estados miembros y de estos miembros a terceros países».
Advierte también que «ya existe un obstáculo fiscal en Baleares. Desde hace unos años ya no tributan al 8 por ciento en el impuesto de Transmisiones sino que puede llegar al 11 por ciento». A esto se suma el impuesto de patrimonio balear, de los más altos de España. «Esto desinventiva que los extrajeros fijen su residencia en las islas, es un infierno fiscal», añade Del Campo.
Incidencia
La Conselleria d'Habitatge señala que «tenemos clara la incidencia de las ventas a extranjeros en el mercado de compraventa y el alquiler», lo que supone «un incremento de precios». Advierten que «las herramientas para combatir este fenómeno son pocas y están por encima de las competencias autonómicas. La mayoría de estas transacciones se corresponden a ciudadanos de la UE, que tiene entre sus principios la unidad de mercado y la libre circulación de personas, mercancías y capitales».
El Govern advierte que «aún sigue vigente la Golden Visa, aprobada por el PP en 2013, norma contraria a los intereses de Balears. El Parlament aprobó en 2019, a propuesta del PSIB y Més, y con el apoyo de Podemos y el grupo mixto, derogar dicho precepto». ¿El motivo? «Esta norma puede fomentar la residencia en España de personas con capitales de dudosa procedencia».
El área Model de Ciutat del Ajuntament de Palma apuesta por «evitar los usos no sociales de la vivienda». De ahí las limitaciones de alquiler turístico o la construcción de piscinas en azoteas. «Reclamamos en diferentes foros una limitación de los alquileres y también que se actúe contra los grandes tenedores», señalan en Cort.