Uno de cada diez trabajadores de Balears lo hace para el sector público. Las Islas contaban en 2020 con una población activa de unas 615.000 personas, de las que el 9,9 por ciento, unas 61.000, trabajaba para la Administración. Esta cifra se ha incrementado el último año a causa de la pandemia, que ha obligado a hacer nuevas contrataciones para mantener los servicios públicos y, previsiblemente, subirá aun más los próximos años: el Estado ha anunciado para 2022 la mayor oferta de empleo público de la historia, con más de 30.000 plazas.
En Baleares, Educació convocó esta primavera oposiciones para más de un millar de docentes y prevé hacer lo mismo en 2022. No obstante, estas ofertas no significan necesariamente aumentar el número de empleados públicos, sino que también reponen las jubilaciones y estabilizan a los interinos, los temporales.
En Baleares, la Administración con más empleados públicos es la Comunidad Autónoma, que en 2020 contaba con 34.835 personas. La inmensa mayoría eran personal sanitario (16.455) o docente (14.204), mientras que solo 4.186 lo hacían en los llamados servicios generales.
Estos números se han incrementado a causa de la pandemia: Salut ha contratado a 831 sanitarios más de media desde que el virus irrumpió, mientras que la Conselleria d'Educació contrató a 1.161 maestros y profesores para afrontar el pasado curso. Además, el Govern ha contratado a 377 informadores COVID, otros 150 profesionales para la campaña de vacunación y 105 médicos residentes para hacer frente al virus.
La Administración local, que incluye tanto a los ayuntamientos como a los consells, es la segunda con más empleados públicos, casi 16.000. Buena parte de ellos, unos 3.700, trabajan en el Consell de Mallorca. Los servicios administrativos de la institución tienen una plantilla de 1.288 personas. El grueso está en el Institut Mallorquí d'Afers Socials (unos 2.200 trabajadores), mientras que el resto está empleado en otros organismos autónomos, como la Agència de Defensa del Territori o la Fundació Mallorca Turisme.
Por último está la Administración del Estado, que en Baleares ocupa a 10.373 personas. Su mayor parte (4.782) son policías o miembros de las Fuerzas Armadas, mientras que 3.961 trabajan en los servicios administrativos y otros 1.630 en la Justicia.
Los 10.373 empleados de Baleares son un 2 por ciento del total de trabajadores de la Administración del Estado. La comunidad que más alberga es la de Madrid, con 150.066 (un 29 por ciento del total).
Una cuestión a menudo controvertida es la tasa de funcionarios, que indica el número de empleados públicos en relación a la población activa. Un estudio de la OCDE del 2015 señala que los países con la tasa más alta son los nórdicos (Noruega, Dinamarca, Suecia y Finlandia), con entre un 25 y un 30 por ciento de funcionarios. Estos países ofrecen unos servicios públicos de alta calidad, pero también imponen una elevada carga fiscal, que es lo que permite mantenerlos.
La tasa de funcionarios en España se situaba en el 2015 en el 16 por ciento, por detrás de los países del bloque del este (República Checa, Hungría, etcétera), Francia o el Reino Unido. La tasa media de la OCDE está en torno al 18 por ciento. Por detrás de España están Italia (14 por ciento), Alemania (10 %) o Japón, con apenas un 6 % de funcionarios.
Hay también estudios que han medido la tasa de funcionarios (en este caso, en relación a los residentes y no a la población activa) entre las comunidades autónomas. Encabeza el ranking Extremadura, con un 8,8 por ciento, seguida de Cantabria y Castilla y León, con un 8,3 y un 8,1 por ciento respectivamente. La media estatal es del 6,9 por ciento, y la de Baleares, del 6,2. Únicamente la Comunitat Valenciana y Catalunya tienen menos trabajadores públicos que el Archipiélago.
140.000 millones de euros
La tasa de funcionarios respecto al PIB o a la población activa permite medir la sostenibilidad de las finanzas públicas desde este punto de vista. En 2020, el gasto en trabajadores públicos alcanzó en España –se deben estimar las contrataciones sobrevenidas por el virus– los 140.000 millones de euros, que es tanto como recibirá el país de los fondos de la UE para salir de la crisis. Esto fue un 12,5 por ciento del PIB de España en 2020, –circunstancialmente inferior de lo habitual por culpa del virus–, lo que significa que uno de cada ocho euros que generó la economía española fue para nóminas.
Por su parte, la Comunidad Autónoma realizó en 2020 un gasto de 1.696 millones en sueldos de empleados públicos. En 2014, un año de recortes, el presupuesto para nóminas era de 1.240 millones. La diferencia es de 456 millones (en torno al 35 por ciento). Este incremento no se debe atribuir en exclusiva a nuevas contrataciones, sino también a la restitución de los derechos recortados durante la crisis. No obstante, el Govern congeló en 2020 –Baleares fue la única comunidad– las retribuciones a los funcionarios. Para el 2021, el gasto previsto es de 1.765 millones, 69 millones que el año pasado. Aproximadamente, esto es un tercio de su presupuesto.