La presidenta del Govern, Francina Armengol, considera que la administración tiene la obligación de investigar los hechos que ocasionen quejas de los ciudadanos que crean que se han vulnerado sus derechos lingüísticos.
La jefa del ejecutivo ha defendido en el pleno del Parlament que se tiene que garantizar que se respete el derecho de los ciudadanos a dirigirse a las instituciones y a los empleados públicos en cualquiera de las dos lenguas oficiales.
Por tanto, ha sostenido, está justificado el expediente abierto para aclarar la actuación de una doctora del centro de salud Son Pisà de Palma objeto de una queja por parte de una paciente que denunció que no le permitió expresarse en catalán.
Armengol ha respondido así al líder de Vox, Jorge Campos, quien ha asegurado que los hechos descritos en esa queja son falsos y que la denuncia la formuló un «catalanista» con el único objeto de justificar la existencia de la Oficina de Derechos Lingüísticos del Govern.
Para el diputado derechista, la única discriminación lingüística que existe es la que sufren «los hablantes del mallorquín, menorquín e ibicienco y los que hablan español».