Baleares recibirá el año que viene 183 millones de euros del Gobierno central en concepto de factor de insularidad para compensar las desventajas competitivas que supone para su economía la condición de archipiélago.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y la presidenta del Govern balear, Francina Armengol, han hecho público el acuerdo alcanzado tras reunirse en la finca pública de Raixa, en el municipio mallorquín de Bunyola.
El factor de insularidad está previsto en la ley de Régimen Especial de Baleares (REB) como complemento compensatorio de los perjuicios de la insularidad al margen de las inversiones en las islas que se establezcan en los presupuestos generales del Estado.
El REB en vigor se aprobó en 2019 pero no se aplicó en los presupuestos generales de 2020 porque se prorrogaron los del año anterior, y el Gobierno tampoco los incluyó en las cuentas estatales de 2021, lo que motivó un recurso de inconstitucionalidad de los partidos de la oposición.
En el próximo presupuesto se incluirán casi 110 millones correspondientes al factor de insularidad de 2022 y 73 millones de euros por la cantidad que no se consignó en el último presupuesto estatal.
Como es de esperar la calderilla que nos dejen los mallorquines.