El incumplimiento de la exigencia del pasaporte COVID para acceder a la restauración y a otros espacios de ocio apenas ha causado sanciones. La Conselleria de Presidència solo ha notificado seis expedientes sancionadores en los dos meses que estuvo en vigor la norma. Las policías encargadas de vigilar el cumplimiento de esta exigencia apenas pusieron sanciones, según los datos del Govern. La Conselleria de Presidència señala que estos expedientes responden a los datos facilitados por la Policía Local, la Guardia Civil, la Policía Nacional y los cuerpos de inspección del Govern durante los dos meses que se exigió el pasaporte COVID.
Informar antes que sancionar
El Govern precisa, en cualquier caso, que en un primer momento, las inspecciones fueron informativas, con el fin de recordar la normativa, pero no de instruir expedientes sancionadores. Los inspectores pidieron a los infractores una corrección y no se abrieron expedientes a menos que se detectara una reiteración de los incumplimientos. «En caso de que detectarse un incumplimiento reiterado es cuando se procedió al levantamiento de acta y posterior sanción», señalan fuentes de la Conselleria de Presidència.
El Ejecutivo autonómico asegura que este bajo número de expedientes se debe a que desde la Conselleria siempre han defendido que los ciudadanos conocen las efectos de la pandemia y qué puede o no puede hacerse. «Hemos insistido en la necesidad de mantener la precaución y de cumplir las normas establecidas con fines preventivos», señalan.
El Govern añade que el porcentaje de vacunación ciudadano, cercano al 85 %, y el buen comportamiento general de la sociedad ha permitido que los expedientes fueran inferiores a los de otras prohibiciones. También se recalca que Balears está ya en un momento de bajada de la pandemia, con una caída de los casos que se notifican a diario y una relajación de la presión hospitalaria y de las UCI. «Esta situación ha permitido que se relajen las normas y, con ellas, la eliminación del pasaporte COVID», añaden.
Los vacunados
El Govern impuso la obligación del certificado COVID en un momento en que los contagios de coronavirus estaban disparados. Pretendía evitar cierres de la restauración y favorecer la vacunación entre las personas que aún no habían recibido las dosis de las vacunas. La consellera de Salut, Patricia Gómez, señaló que esta exigencia favoreció que se vacunaran 44.000 personas que hasta entonces no lo habían hecho.
En muchos sitios no lo pedían y no hubo ningún problema. La gente (y los dueños de bares) tiene más sentido común que esos políticos aficionados.