Teresa Ribera (Madrid, 1969) es la ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico. El pasado martes estuvo en Mallorca para asistir a la inauguración de la planta de hidrógeno verde de Lloseta y a la presentación del Pla d'Inversions per a la Transició Energètica de les Illes Baleares.
¿Teme que la ciudadanía empiece a identificar transición energética con un encarecimiento brutal de la energía?
— La gran preocupación es cómo afecta esta situación a las familias y las industrias, especialmente a los sectores más vulnerables. Al respecto, el mensaje más importante es que el Gobierno va a mantener y ampliar las medidas dirigidas a una menor afectación de la escalada de precios. Y otra consideración es que no debemos dejarnos confundir ni engañar. Ésta es una crisis asociada a la volatilidad de los combustibles fósiles en los mercados internacionales y al uso que ha hecho Putin de éstos en la preparación de la guerra. Rusia es uno de los principales productores de petróleo, gas y carbón en el mundo. Desplazar a Rusia como gran productor no es fácil en poco tiempo. Cuando Putin redujo drásticamente el suministro de gas y éste se encareció con una tensión de la oferta y unos precios desbocados, ya se estaba rearmando. Cuantas más energías renovables tengamos, más resistentes seremos a esos chantajes. Por tanto, hay que acelerar la transición energética y reducir nuestra dependencia de los combustibles fósiles.
Pero, a corto plazo, esta situación puede convertirse en insostenible para las familias y las pequeñas empresas.
— A corto plazo está el acompañamiento fiscal, que vamos a mantener y ampliar. Se trata de aplicar, como ya se hace desde el pasado verano, reducciones fiscales y bonos sociales. También hay que aprovechar de manera inteligente los recursos de los que disponemos en el plan de recuperación con convocatorias de inversiones en aislamientos térmicos y la instalación de placas solares. Todo ello ayuda a reducir el consumo. Para las industrias tenemos líneas de eficiencia energética y reducciones fiscales y del peaje por el uso de la red de transporte. Y pedimos a la Unión Europea una suspensión temporal de las reglas del mercado eléctrico, absolutamente contaminado en la actualidad por unos precios que responden al miedo a la falta de suministro de gas en el mundo. En el precio de gasolinas y gasóleos también nos planteamos, al igual que con el uso profesional, medidas de acompañamiento al consumidor privado. Junto con el ahorro individual, que es relevante, las medidas fiscales y el apoyo a la viabilidad de las empresas, hay que establecer medidas estructurales. Todo ello contribuye a la transición energética y nos hará consumir menos y ser más eficientes. El bono social eléctrico ha beneficiado a más de 1,2 millones de familias. Y las hay que cumplen los requisitos y no los solicitan. Las políticas sociales pueden ayudar, fuera de la factura de la electricidad.
Pero ya hay más que inquietud entre los transportistas por los precios de los carburantes.
— Somos un país sólido en aprovisionamiento. No digo que los precios no sean altos, pero en septiembre y octubre tomamos medidas para contenerlos. Trabajamos con las empresas en un pacto de rentas respecto a sus beneficios y para garantizar el suministro a precios razonables.
¿Putin no ha calculado que Occidente puede tomar todas esas medidas para intentar aislarle?
— Putin ha cometido un error de cálculo, que es creer que puede recuperar el área de influencia de la antigua URSS y que la invasión de Ucrania iba a ser un paseo, sin contar con su resistencia. Ha jugado a acaparar recursos y divisas, y se ha procurado amigos en Occidente, pero la respuesta unánime de la Unión Europea ha sido muy importante, con una coordinación como con la pandemia. Putin ha llegado a un punto de no retorno y está actuando como se actuaba a principios del siglo XX, no con la mentalidad que se debería tener a principios del siglo XXI. Es una situación delicada. No debemos contribuir a una escalada en el conflicto, pero hay que mantenerse firmes y unidos.
Parece que la UE sólo responde unida en caso de crisis extremas.
— Bueno, con la crisis económica anterior no fue así. Se impusieron el populismo y la desigualdad, lo que generó una falta de confianza de los ciudadanos en las instituciones. No hubo una respuesta conjunta, sino la simple defensa de cada interés nacional.
Pasemos a cuestiones de Balears. En 2019 se anunció un convenio de aguas y depuración, pero no ha llegado a firmarse. ¿Hay alguna novedad al respecto?
— Llevamos tiempo trabajando desde el Ministerio con el Govern en un protocolo de colaboración para sacar adelante actuaciones en el ciclo del agua. Este protocolo se firmará en próximas fechas. Somos conscientes de que el saneamiento y la depuración son un asunto muy sensible en las Islas, por lo que el Ministerio ya ha ejecutado tres actuaciones con una inversión de más de 20 millones de euros en la estación depuradora de Santa Eulària, en el sistema de saneamiento de Eivissa vila en y la depuradora de Addaia, en Menorca. Están previstas dos actuaciones más con una inversión estimada en 213 millones de euros. Se trata de la ampliación y remodelación de la depuradora de Palma y de la nueva de Can Picafort.
Recientemente, Baleares, Catalunya y la Comunitat Valenciana han solicitado al Gobierno la limitación de la velocidad marítima en el Corredor de Cetáceos del Mediterráneo. ¿Es receptiva a esta petición?
— Somos receptivos. Este Gobierno ha demostrado su preocupación y se ha comprometido con Francia, Italia y Mónaco a presentar ante la Organización Marítima Internacional una propuesta de designación de una Zona Marítima Especialmente Sensible en el Mediterráneo Noroccidental y reducir los impactos que el tráfico marítimo genera en los cetáceos. Además, el Corredor de Migración de Cetáceos del Mediterráneo está declarado como Área Marina Protegida y cuenta con un régimen de protección preventiva en vigor hasta que se adopte el plan de gestión, previsto para 2024. El Ministerio ya trabaja en medidas que permitan reducir los impactos sobre las poblaciones de cetáceos en la zona. Contamos con el asesoramiento del Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas -Cedex-, que ha realizado análisis del riesgo de colisiones con embarcaciones en la zona. Con la colaboración de los centros de investigación de las tres comunidades, nuestro objetivo es que el 30 % del espacio marino español cuente con alguna fórmula de protección antes de 2030.
¿Cómo puede contribuir el Gobierno a la preservación de la posidonia?
— Preparamos un real decreto para la protección de las fanerógamas marinas frente a sus principales amenazas, teniendo en cuenta lo que ya se ha avanzado con la posidonia en algunas comunidades autónomas, principalmente en Balears. También estamos trabajando en un documento de directrices comunes para la gestión y conservación de las fanerógamas marinas en España, la posidonia entre ellas. Respondemos así a los requerimientos de la Comisión Europea para proteger las poblaciones de estas especies, que desempeñan un papel fundamental como creadoras de hábitats de interés comunitario y mitigadoras de los efectos del cambio climático.
¿Cómo valora la gestión autonómica del Parc Nacional de Cabrera?
— Valoramos mucho la gestión de Cabrera como principal parque marino del Mediterráneo occidental. Buena prueba de ello es que desde el Ministerio hemos aportado 10 millones de euros a la investigación y el seguimiento ambiental del parque, además de los 6 millones para su dotación.
"El conocido como impuesto al sol, también llamado 'peaje de respaldo' o impuesto al autoconsumo fue un tributo vigente desde el año 2015 hasta el 2018 en España. Desde sus inicios fue un gravamen polémico, que suscitó la oposición de numerosos grupos políticos. A modo de resumen, el impuesto al sol era una tasa que obligaba a los usuarios del autoconsumo a pagar por estar conectado a la red eléctrica. Es decir, un ciudadano con una instalación de autoconsumo debía abonar una tasa para contribuir a mantener el sistema eléctrico." .............................................. Pues nada, no lo hubo.