Inquilinos en régimen de alquiler en las Islas se están quejando de que sus caseros no están respetando el tope del 2 % para el aumento del índice de precios de consumo (IPC) que fijó el Gobierno el mes pasado como parte de la batería de medidas para paliar los efectos de la inflación sobre la población. Así lo denuncia la asociación de usuarios y consumidores de Balears (Consubal), cuyo presidente Alfonso Rodríguez, asegura que se está recibiendo un «goteo constante» de quejas en este sentido.
Se trata de inquilinos cuyos arrendadores, señala, «se están haciendo los locos». En ese sentido, Rodríguez afirma que la asociación facilita a los consumidores toda la información y asesoramiento legal del que son capaces y reclama que la administración ponga en marcha, e incremente si es necesario, los mecanismos de control necesarios para comprobar que no se está vulnerando la legalidad a costa de los arrendatarios.
Caso omiso
«Hay muchos propietarios que están haciendo caso omiso», denuncia el presidente de Consubal para señalar que, no obstante, muchos de los inquilinos optan por no enfrentarse a sus arrendadores por no crearse mayores problemas, «para no ir a juicio o acabar teniendo que buscar otra vivienda». El Gobierno acordó congelar temporalmente la cláusula de los contratos de alquiler que faculta a los propietarios de la vivienda para actualizar las rentas en función de la variación del IPC. De esta manera, hasta el próximo 30 de junio ninguna actualización de la mensualidad podrá superar ese porcentaje de subida.
La tasa de variación anual del IPC del mes de marzo se situó en el 9,8%, más de dos puntos por encima de la registrada en febrero, que fue del 7,6 % y que ya supuso un encarecimiento de alrededor de 50 euros de media mensual en los alquileres, un mazazo que llevó al Ejecutivo a intervenir con la congelación de las subidas durante tres meses. Cabe señalar que no se trata, ni mucho menos, de una tendencia generalizada, puesto que la mayoría de los propietarios, según los portales y entidades del sector inmobiliario, respetan el tope legal y que incluso antes de su aprobación ya estaban optando por no aplicar el desorbitado incremento o bien atemperarlo de acuerdo con los inquilinos.
Fernando Valentín, gerente de la Inmobiliaria Living Palma y presidente de la Associació Balear de Serveis Immobiliaris (ABSI), señala que al menos por su parte, «no tenemos constancia de propietarios que estén vulnerando la normativa, al menos aquí». Asimismo, insiste también en que la mayoría de los arrendadores «estaban ya llegando a acuerdos para rebajar o directamente no aplicar la subida del 9,5 % del mes pasado porque les parecía excesiva».