Los residentes en Baleares trabajan hasta 197 días para cumplir con sus obligaciones fiscales. Es decir, que para poder pagar todos los impuestos que se afrontan anualmente deben trabajar hasta el 16 de julio, fecha de la liberación fiscal en el Archipiélago. Solo a partir de entonces la renta de los baleares queda libre para el consumo y el ahorro. Según los datos del informe de la Fundación Civismo de este año sobre el esfuerzo fiscal de las familias en época de recesión, Balears es la sexta comunidad que más tarda en liberar a sus ciudadanos de sus obligaciones fiscales.
En España esa fecha oscila entre el 10 y el 22 de julio, con la media fijada en el 13 de julio (tres días antes que en las Islas). Murcia y las ciudades autónomas de Ceuta yMelilla son las que registran una liberación fiscal más temprana (10 de julio), mientras que Catalunya es la que más tarda (19 de julio). Para realizar ese cálculo, el informe se basa en datos sobre salarios netos y brutos de cada comunidad y las diferencias en la fiscalidad autonómica que recoge anualmente el Consejo General de Economistas de España. Así, se establece una relación entre ingresos por rendimiento laboral y esfuerzo fiscal (entre el pago de impuestos directos e indirectos –principalmente IRPF e IVA– e impuestos especiales).
Así, más allá de la composición de su nómina, el salario neto que un trabajador percibe varía de manera sustancial según su lugar de residencia: las comunidades pueden aplicar diferentes tarifas de IRPF en su tramo autonómico, de modo que el 50 % de la renta percibida por un ciudadano se gravará de distinta manera según donde resida. Así, para una persona en Balears que percibe un salario bruto de 20.000 euros el salario neto es de 16.347 euros, el cuarto más bajo de España (solo por delante de Murcia, Aragón y Cataluña).
Julio Pomes, presidente de Fundación Civismo (en la foto circular), señala que «cada vez son más los días en los que trabajamos solo para pagar a Hacienda y la gente no es consciente de los impuestos que paga». De hecho, en 2020 la liberación fiscal de Balears era el 29 de junio, 17 días antes que en 2022 (en España era el 26 de junio). «En dos años los baleares han añadido 17 días de ahorro para pagar a Hacienda».
El problema esencial para Pomes es que el pago de tributos no es proporcional a las rentas familiares ni se ve reflejado en la calidad de los servicios públicos. «Pagamos tantos tributos como los países del entorno europeo que cuentan con mejores servicios públicos. La realidad es que tenemos unos servicios mucho peores de lo que se correspondería con nuestros impuestos», asevera. En el caso concreto de Balears, Pomes señala que como un problema añadido la «superpoblación» que alcanzan las Islas durante los meses de temporada alta, hecho que merma la eficiencia de los propios servicios públicos. «Esos servicios no pueden ser los mismos cuando se duplica la población». Además, «en regiones con los impuestos tan altos restas competitividad al país». Asimismo, Pomes advierte de que la tendencia es a seguir retrasando el día de la liberación fiscal. «Avanzamos hacia una crisis brutal: o el gasto en impuestos se reduce o el día de la liberación será cada vez más tardío».
El IVA en la cesta de la compra es «doblemente lesivo» con la inflación
El informe indica que impuestos indirectos como el IVA –el impuesto indirecto por excelencia– resultan «doblemente confiscatorios» en momentos como el actual, con una inflación que alcanza los dos dígitos. Los impuestos sobre la cesta de la compra –la alimentación ha sido de los apartados más afectados en la subida del IPC– «son especialmente lesivos para el bolsillo de los ciudadanos, pues no solo han de destinar una mayor parte de sus ingresos a la adquisición de productos, sino que sus precios finales se ven incrementados». En conclusión, el cada vez mayor esfuerzo de las familias para pagar impuestos se amplifica en coyunturas como la actual.