El IB-Salut tiene en plantilla a 3.268 médicos, de los que 246 alcanzan a la edad de jubilación entre el año pasado y el que viene. Es decir, el 7,5 % del total. El porcentaje aumenta a casi un 10 % si se tiene en cuenta únicamente a los que trabajan en Atención Primaria (1.195), que además registra el mayor déficit estructural de plantilla. Solo en los centros de salud 30 médicos alcanzaron la edad de jubilación el año pasado, otros 40 lo hacen a lo largo del año y 53 más en 2023. Además, en estos momentos, tal y como denunció en su día el Sindicato Médico, ya hay 51 plazas sin cubrir en Atención Primaria de Mallorca.
Son muchas las voces expertas que, de un tiempo a esta parte, advierten del problema de los doctores añosos en todo el país. La generación baby boom que perteneciente a este colectivo se acerca a la jubilación y la confederación estatal de sindicatos médicos estima que en los próximos diez años lo harán unos 80.000 facultativos en todo el país. A esto hay que sumarle la falta del relevo generacional y el exilio de quienes prefieren trabajar en el extranjero con unas mejores condiciones laborales. Con todo esto, «nos asombra que no se genere una alarma social y que no se debata en el Consejo Interterritorial», valora el presidente del Simebal, Miguel Lázaro.
El portavoz sindical del colectivo recuerda que se invierten 300.000 euros en la formación de cada médico y «muchos de los más jóvenes se van fuera», añade. A cambio, «importamos médicos de otros países que no tienen un título de especialista homologado para trabajar en la sanidad pública», lamenta. «Es el triángulo de las Bermudas del sistema. Se jubilan, se exilian o se van a trabajar a la privada», argumenta Lázaro. Y esta situación viene a empeorar una reconocida falta de substitutos por la que «hay que sacar tarjeta roja a los gestores que, además, tienen el chollo de que el 30 % de la población balear tenga un seguro privado».
En este sentido desde el sindicato se critica la «incapacidad» del Govern de fidelizar a los trabajadores. «Conocemos a gente del Hospital de Inca, de Son Espases o Son Llàtzer que, con sobrada experiencia, han cambiado de profesión, se han pedido excedencias o se han ido a la privada porque están mejor pagados, concilian y no tienen sobrecargas; allí las ratios son más bajas», alega.
En este sentido, Miguel Lázaro recuerda que ahora habrá que echar mano de la sanidad privada para dar salida a las listas de espera. Lo cierto es que en noviembre saldrá a concurso las derivaciones de pacientes de una serie de hospitales a clínicas por valor de 27 millones de euros, pero «si ese dinero lo invirtieran en mejorar las condiciones de la pública tendríamos medios propios y no sería necesario».
Lázaro acusa a la Conselleria de «ficción propagandística» cuando se habla de nuevas contrataciones de sanitarios porque advierte de que apenas hay más médicos en estas cifras. Al final, señala, «se le oculta al ciudadano parte de la verdad porque estamos en época preelectoral pero lo que pasa se refleja en las listas de espera y el descontento ciudadano es importante». En estos momentos hay 82.118 pacientes esperando para una intervención o una primera consulta con el especialista hospitalario.
Precisamente las jubilaciones también dejarán mella en este sector. De los 2.073 médicos especialistas que trabajan en hospitales, entre el año pasado y el siguiente se jubilarán 132 y habrá áreas seriamente afectadas. Por ejemplo, están en edad de retirarse tres de los siete cirujanos cardiovasculares de las Islas; o dos de los ocho oncólogos radioterápicos.
Según el informe de profesionales del Ministerio de Sanidad, en Balears hay 3 médicos por cada mil habitantes cuando la media estatal se sitúa en 3,5, siendo las comunidades como Aragón y Cantabria las que más facultativos disponen por población con 4,2. «Falla la gestión. Hay un goteo de profesionales que se van indignados y cansados, más tras los dos años de pandemia y todo esto, al final, lo pagaremos los pacientes», lamenta Lázaro.