El nuevo paquete de ayudas anunciado este pasado martes por Pedro Sánchez ha tenido una buena acogida por parte del tejido económico y social de las Islas, si bien desde algunos sectores se objeta que las medidas relativas a los carburantes o a la alimentación –los dos apartados más enloquecidos este año a raíz de la guerra de Ucrania– han acabado resultando mejorables.
Ese es el caso de la bonificación de 20 céntimos a los carburantes, que finalmente se va a mantener solo para sectores económicos concretos como el del transporte o el agropesquero. Desde la Federación Empresarial Balear del Transporte (FEBT), su presidente Rafel Roig, demandaba que el descuento se siguiera manteniendo para la población en general, aunque la propuesta mayoritaria era que alcanzara a profesiones que dependen especialmente de los carburantes y también a hogares en situación más desfavorecida. Alfonso Rodríguez, presidente de la Asociación de Consumidores y Usuarios de Baleares (Consubal), señala que «habría estado bien mantener esa bonificación para las rentas bajas». Con todo, «en líneas generales, nos parecen medidas bastante buenas».
Por otro lado, la modificación del descuento al carburante a menos de una semana de su entrada en vigor ha sido recibida con resignación por parte de las gasolineras, que se quejan del poco margen de maniobra. El presidente de la Asociación de Estaciones de Servicio en Balears (AESBA), Joan Mayans, lamenta que el anuncio de la medida les deja «muy poco tiempo para adaptarnos», ya que la implementación de esta modificación les obliga a realizar unos ajustes de los sistemas informáticos que no resultan nada sencillos.
Por otro lado, desde Consubal se aplaude la rebaja del IVA en el apartado alimentario, aunque se lamenta que el bono de 200 euros no vaya a llegar a todas las familias que lo necesitan en Balears.
El cheque para comida de Sánchez está destinado a familias con una renta anual inferior a los 27.000 euros siempre y cuando no se superen los 75.000 euros de patrimonio. Esta última cláusula es la que genera mayores críticas, ya que, alega Rodríguez, en el Archipiélago hay muchas unidades familiares con rentas bajas que lo están pasando mal para llegar a final de mes a pesar de disponer de un patrimonio que excede la cantidad señalada, como es el caso de muchas parejas de jubilados que viven en una casa en propiedad. «El limite patrimonial va a ser un handicap porque hay muchas parejas y familias con dificultades para llegar a fin de mes pero que no son pobres: va a ser muy difícil que el cheque puede llegara a todos los que los necesitan».
Los servicios técnicos del Consell Econòmic i Social (CES) de Baleares estiman que cerca de 200.000 familias de Balears, más de un 40 % del total, tiene unos ingresos inferiores a los 27.000 euros. Sin embargo, todavía no se puede hacer un cómputo final de los beneficiados ya que no se sabe cuántas de ellas cumplirían con el segundo requisito del límite patrimonial. En cualquier caso, el presidente del CES, Rafael Ballester, apunta que más allá del volumen final de beneficiados en este apartado en concreto, «toda ayuda es importante», y apunta además que la retirada de la bonificación generalizada al carburante «se compensa por otro lado con el fomento del transporte público gratuito».