Un total de 108.457 ciudadanos de Balears –el 9,2 % de la población total– no pueden permitirse una comida de carne o pescado al menos cada dos días. Ese es el número de ciudadanos de las Islas en situación de pobreza severa, categoría que engloba igualmente a personas sin capacidad económica para disponer de un automóvil, mantener la vivienda a una temperatura adecuada o tener dos pares de zapatos en buenas condiciones.
Los estragos que a nivel económico y social causó la pandemia son en buena parte responsables del incremento de la población balear en pobreza severa, que en 2021 creció un 51,6 % respecto al año anterior. Esto es, 36.992 personas más que en 2020, según el último informe de la delegación en España de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN-ES).
Este incremento fue el segundo más elevado de todo el Estado después de La Rioja y más de 40 puntos por encima del crecimiento medio estatal (del 7,2 %), tal y como se refleja en el Mapa de la Pobreza Severa en España de EAPN.
Según los criterios empleados para determinar la pobreza severa, se consideran en esa situación personas que viven en hogares cuyos ingresos por unidad de consumo son inferiores al 40 % de la media de renta nacional. Así, el umbral de renta para entrar en dicha categoría es de 6.357 euros por unidad de consumo. Es decir, que cada persona debe sobrevivir con menos de 278 euros mensuales para el caso de una familia con dos adultos y dos menores, y con menos de 530 euros mensuales si vive sola.
El informe deja otro dato preocupante: las coberturas y prestaciones sociales desplegadas por la Administración pública alcanzan solo a un 10,4 % de los ciudadanos en pobreza severa de Baleares. Con una cuantía media por hogar de 478 euros, el Archipiélago se convierte de esta manera en la comunidad con la tasa de cobertura más baja de toda España, siete puntos por debajo de la media estatal, del 19,5 %.
En ese sentido, el informe recalca las importantes desigualdades que existen entre los diferentes territorios, lo cual «choca con la intencionalidad del ingreso mínimo vital (IMV) de convertirse en una prestación a nivel nacional que equilibre las prestaciones entre regiones». La implementación de la prestación no contributiva del IMV pretendía garantizar unos ingresos mínimos a las personas que carecen de ellos. No obstante, según lo constatado por EAPN, los objetivos de cobertura social no se han cumplido todavía: según el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones a octubre de 2022 el IMV solo se había alcanzando el 61 % de los hogares previstos.
Parte importante del problema reside en las dificultades para coordinar las rentas mínimas autonómicas que aplica cada comunidad con el IMV. A día de hoy se sigue trabajando en el proceso de complementariedad entre ambas figuras de cobertura social. Por otro lado, la complejidad del propio sistema de protección social es otro handicap: muchas personas quedan fuera del sistema por carecer de empadronamiento o por otros requisitos burocráticos.