Balears ha dado carpetazo en los últimos ocho años a 78 canteras en las Islas. Desde que se aprobó en el año 2014 la Ley de Ordenación Minera de las Illes Balears con el objetivo de regular, modernizar, dar seguridad legal y conciliar el desarrollo económico y la generación de empleo de esta actividad con la protección del medio ambiente, el número de canteras activas ha pasado de 143 a 64 en las Islas.
El Govern asegura que solo ha autorizado la apertura de una nueva cantera desde la entrada en vigor de la normativa autonómica. Se han restaurado 22 explotaciones y ha declarado la caducidad de 23. El balance de explotaciones paralizadas pasa de 3 en 2014 a 23 en 2022.
Aumenta notablemente el número de canteras en las que se pueden realizar tareas de restauración, pero no de excavación. Son 47 al cierre del presente ejercicio, frente a las 19 que había en el momento de la aprobación de la ley en 2014. Hasta la aprobación de la Ley de Ordenación Minera de las Illes Balears en el año 2014 la minería se regía en las Islas por una norma preconstitucional: la Ley 22/1973 de 21 de julio.
La regularización de la actividad en Baleares (en aplicación de la nueva normativa autonómica) ha ido acompañada del refuerzo de las inspecciones, especialmente sobre las instalaciones a cielo abierto. La Dirección General de Política Industrial del Govern ha dotado de dos drones que vigilan desde el aire de forma «más rápida, segura y precisa todas las canteras», explica el director general Toni Morro. La adquisición de estos drones ha permitido renderizar las canteras en 3D para controlar el volumen de extracciones y el ritmo de restauración y acceder a zonas de difícil acceso. Todas las canteras se inspeccionan al menos una vez al año para detectar si se producen explotaciones fuera del perímetro autorizado.
España es el segundo país de Europa en la producción de áridos solo por detrás de Alemania. Baleares no escapa a esta tendencia. En el año 2011 se constituyó en Palma la Mesa de la Minería de las Islas Baleares, integrada por distintos profesionales y empresas relacionados con esta actividad. La nueva federación agrupaba a 140 empresas de Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera del total de 2.400 que entonces figuraban repartidas por todo el territorio nacional.
En aquél momento la federación cifraba en 3,6 toneladas al año el consumo per cápita de Baleares de los que la mayoría (1 millón de toneladas al año) corresponden a arcilla y 150.000 toneladas al consumo de rocas ornamentales. Los datos estadísticos del sector hablaban de 170 explotaciones activas en las Islas que daban empleo a 2.850 trabajadores.
El ingeniero de Minas, Jaime Fernández, es el presidente de la Mesa de la Minería. Confirma que desde entonces hasta ahora «han desaparecido unas cuantas explotaciones» pero asegura que en el cómputo global apenas se han perdido empleos. «Calculo que quedan unas 70, que son algunas más de las que dice el Govern, porque hay que tener en cuenta que la solicitud del cese temporal de la actividad es algo frecuente en el sector», dice.
Para el presidente de la Mesa de la Minería en Baleares, en el cómputo global de extracciones «las cifras se mantienen con pequeñas oscilaciones e incluso han aumentado en algunos momentos, porque la mayoría de cierres de canteras se refieren a las empresas más pequeñas, normalmente negocios familiares que hacían un trabajo muy artesanal».
Si nos atenemos a los datos que facilita la Dirección General de Política Industrial la media de la producción industrial del sector extractivo en Baleares se ha reducido en 80 puntos desde 2015. «Lo primero que se ha hecho es revisar una a una, cantera a cantera, la validez de los títulos mineros que presuntamente tenían los explotadores y retirar aquellos que no se ajustaban a derecho como los otorgados por administraciones sin competencia en materia de minas», explica Toni Morro.
La aprobación de la Ley de Ordenación Minera de las Islas Baleares en 2014 fue imprescindible para regularizar el sector, depurando los derechos legítimos adquiridos por las empresas explotadoras y ajustándolos a la realidad de las zonas explotadas sobre el terreno. No solo se han ajustado las autorizaciones, sino que se ha ordenando la restauración de las zonas que habían sido objeto de extracciones no autorizadas. En algunos de los casos este proceso ha ido acompañado de la apertura de expedientes sancionadores.
Según la Dirección General de Política Industrial, todas las canteras que operan actualmente en Baleares están bajo el prisma ambiental. «A medida que se han determinado los límites reales de las explotaciones se han sometido los planes de explotaciones (y su plan de restauración asociado) o su plan de abandono y restauración al dictamen de la Comissió Balear de Medi Ambient. «La inspección conjunta del Govern con las Entidades Colaboradoras de la Administración minera ha sido un elemento esencial a la hora de controlar la actividad. Tanto es así que actualmente las Baleares lideran el ránking del Estado en el número de inspecciones a cielo abierto», detalla el director general.
Esta escalada en el ránking nacional responde en gran medida a la incorporación de nuevos sistemas técnicos que permiten el control y acceso a lugares remotos, concretamente el uso de drones para la vigilancia y elaboración de un mapa en 3D de todas las explotaciones a cielo abierto que sirve para medir su evolución.