La polémica sobre las medidas propuestas por Juan García-Gallardo (Vox), vicepresidente de Castilla y León, para disminuir la tasa de abortos ha copado el panorama informativo en los últimos días. El pasado jueves, la comunidad anunció un plan antiabortos que se iba a aplicar de forma «inmediata». Entre las medidas, se incluía la obligación por parte de los facultativos de hacer escuchar el latido fetal a las mujeres antes de abortar, así como realizarles una ecografía 4D, para que pusieran rostro al embrión. Carmen Reyero es coordinadora asistencial de Salut i Gènere del Servei de Salut balear y ginecóloga en el hospital de Son Llàtzer y califica la propuesta castellano-leonesa de «paternalista».
¿Cuál es su opinión como profesional de la salud y, más en concreto, de la ginecología, acerca de la inicitaiva de la vicepresidencia de Castilla y León de obligar a las mujeres a escuchar el corazón fetal antes de abortar?
- Como profesional sanitaria, opino que la mayoría de mujeres que acuden a realizarse una interrupción voluntaria del embarazo tienen ya suficientemente pensada la decisión que han tomado. No son necesarias este tipo de actuaciones. Me parecen de un comportamiento paternalista. Cada mujer tiene sus propios motivos y es capaz de decidir por sí misma. Es algo muy doloroso para todas y no necesitan más información de la que tienen.
¿Qué ocurre con las que dudan?
- Son la minoría, pero si en algún momento la mujer confiesa que tiene dudas, se le aplaza la cita unos días para que pueda tomar la decisión con calma y tenga miedo. Pero, incido: la mujer que ha decidido no interrumpir su embarazo directamente no acude a la cita. La mayoría de las que vienen tienen su decisión muy reflexionada y están decididas.
¿Cuál es el protocolo para realizar una interrupción del embarazo en Baleares?
- El protocolo está fijado en la ley de Salud Sexual y Reproductiva de 2010. Cuando la mujer acude al centro de salud u hospital y solicita realizarse un aborto, se le dan tres días de reflexión antes de la cita en cuestión y un sobre con información sobre el embarazo y el aborto. Si acude a la cita, viene con la información leída pero, aún así, se le explica el procedimiento de interrupción del embarazo, cómo va a ser y exactamente en qué va a consistir y se la cita para una revisión. Se le hace una ecografía (sin reproducir el latido), que solo ve el facultativo para comprobar que todo está correcto. También se realiza una analítica, si no se la han hecho ya, para revisar datos clínicos. Si todo está bien, se le da una medicación para parar el embarazo. Dos días después, se le da otra medicación que ayuda a expulsar los restos. Después damos ya una última cita, días después, para constatar que se ha evacuado todo y que la mujer está bien. Si le ha quedado algo dentro se le ofrecen tratamientos quirúrgicos, como el legrado.
¿Es recomendable realizar una ecografía en las primeras semanas de embarazo?
- En principio no conlleva ningún riesgo, pero no tiene sentido. Una cosa es que el sanitario vea la ecografía para cerciorarse de que va todo bien y otra poner el volumen para que lo oiga la mujer que ha decidido parar ese embarazo. Lo mismo ocurre con la ecografía 4D. Quieren realizarla para que la paciente perciba más vitalidad en las imágenes y sensibilizarla con ellas. Es un embrión, no se aprecia casi nada y son ecografías muy difíciles de hacer estas semanas.
¿Puede un político obligar a una paciente a realizarse una prueba que no quiere?
- Según la ley, ahora mismo no. No existe una ley que obligue a los facultativos a proceder con estas actuaciones, por lo tanto, tampoco la obligación.
¿Cuál es la situación del aborto en Baleares?
- El aborto en las Islas goza realmente de una buena situación. En el último año se han realizado 2-700 abortos en Baleares. La cifra va en descenso desde 2018. Junto con Cataluña, es la comunidad con mayor tasa de abortos realizados en el servicio público de salud. A nivel nacional, solo el 15 % de los abortos tienen lugar en la Seguridad Social. En Baleares estamos en un 62 %. Esto es importante porque en el servicio público se trabaja desde un punto de vista bio-psicosocial, es decir, si se observan dificultades sociales, se deriva a la mujer a un trabajador social. Ayudando a los colectivos vulnerables, que son sobre los que mayor tasa de abortos pesa, y mejorando el acceso a métodos anticonceptivos son las líneas para disminuir de forma efectiva la tasa de interrupciones voluntarias de embarazo.