El Parlament validó con los votos de la izquierda (29 sobre 16, que sumaron PP, Cs y Vox) y la abstención del PI, el decreto de medidas que frenan la construcción de nuevas urbanizaciones y limita la capacidad de los ayuntamientos a proyectos siempre que se pueda rehabilitar. El PI, que se opone en líneas generales a parte de las medidas, optó por abstenerse con la idea de introducir luego modificaciones si el decreto se tramitaba como ley. Pero la izquierda rechazó esa posibilidad. El decreto está en vigor. El PP, como ya anticipara su presidenta Marga Prohens, el día anterior, promoverá la reforma de toda la legislación territorial del Pacte y le dará un vuelco si gobierna tras las elecciones de mayo. Su portavoz en el debate de este martes, Sebastià Sagreras, cuestionó el «intervencionismo» de la izquierda y destacó que el verdadero problema de las Islas es la falta de vivienda.
En la misma línea se pronunciaron Marc Pérez-Ribas (Cs) y Jorge Campos (Vox). Los partidos de izquierda asumen que, aunque se han hecho cosas esta legislatura, queda mucho por hacer y que la vivienda seguirá siendo una prioridad. Podemos, sin llegar a tensar el acuerdo de gobernabilidad por este asunto, mantiene una doble reclamación: de un lado, ante la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), de ámbito estatal y, de otra, por la limitación de ventas a extranjeros a no residentes. Ha encargado un informe externo y cree que es posible aplicar una fórmula.
El decreto número 34
«Es responsabilidad de la gente que defiende estas Islas tomar medidas que puedan ayudar a cambiar el modelo y la presión que tanto compromete a Baleares», dijo el conseller de Medi Ambient i Territori, Miquel Mir, que defendió el texto. La sesión de este martes, también a iniciativa suya, aprobó también la reforma de la Ley de Conservación de Espacios de Relevancia Ambiental (LECO). Su objetivo es ampliar estos espacios. El conseller, lo mismo que los portavoces de la izquierda, negó el argumento exhibido desde la derecha: que estas medidas lo que hacen es encarecer el precio de la vivienda en una comunidad con precios disparados. «Lo que encarece el precio de la vivienda es la especulación en suelo rústico y lo que hace este decreto es frenarla», aseguró.
Según el ‘popular' Sagreras, todas estas medidas del Govern tienen un aroma claro de «urbanismo a la carta». El socialista Joan Ferrer dijo que podía admitir lo de «a la carta», pero «a la carta de las necesidades de la gente y no a las de los suyos». Eso motivó protestas. Pero la sesión de este martes no fue especialmente bronca. En realidad fue una repetición de argumentos por parte de quienes intervinieron, tanto desde los escaños de la izquierda como desde la derecha y el centro. Para Marc Pérez-Ribas (Cs), resultan evidentes «la vulneración de competencias de consistorios y consells» y que el decreto «no soluciona los problemas más acuciantes». Patricia Guasp, coordinadora y también portavoz estatal, dijo que el PSIB cede «a chantajes y recetas intervencionistas de Podemos y Més».
«Queremos contener el crecimiento pero hacerlo con cabeza», resumió Josep Melià (PI), que criticó que en un asunto como éste, también se recurriera a la figura del decreto. El Ejecutivo ha utilizado 34 veces en esta legislatura a la que le quedan dos meses (la Cámara se disolverá el 3 de abril) la aprobación de una norma por decreto. Con la norma validada este martes, siempre tendrá preferencia la rehabilitación sobre la obra nueva, se endurecerá el consumo de agua –sólo podrá haber una piscina por finca y su capacidad no podrá superar, en todas las Islas, los 60 metros cúbicos– y se ampliarán tres áreas naturales de especial interés, entre ellas la de es Trenc. Una de las consecuencias será el carpetazo definitivo a un hotel previsto en ses Covetes. Habrá excepciones al freno urbanístico para proyectos de VPO.
Esto es como todo, depende del punto de vista que lo mires. Imaginemos el caso contrario, que queremos comprar algo fuera y no nos dejan, ¿sería justo?. Entiendo que este tipo medidas den un poco de esperanza a quien lo tienen peor, pero el problema es cuando decide alguien que no tiene repercusiones si no ha decidido bien y si encima se prohíbe, que es la forma mas fácil de gestión no veo que la solución esté relacionada con el problema que se pretende solventar, por lo que por mucha esperanza que den dudo que se solucione el problema. Las personas que reciben su salario por ello debería hacer un estudio exhaustivo y decidir en base al objetivo que se pretende conseguir en vez de guiarse por diferentes ideologías.