Rechazo total del sector a la creación de una agencia inmobiliaria pública, propuesta por Podemos y presentada como una condición esencial para cerrar un nuevo acuerdo de Gobierno en Balears. Así lo han puesto de manifiesto este jueves el Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (COAPI) y el Colegio de Administradores de Balears.
Ambos coinciden en asegurar que esta medida no provocará un abaratamiento del precio de la vivienda en alquiler, sino todo lo contrario; al tiempo que han lamentado que se destinen cantidades «ingentes de dinero público» a cometidos que ya realiza la iniciativa privada. El presidente del Colegio de Administradores de Balears, Toni Jaume, ha argumentado que ya hay empresas públicas, como el Ibavi, que trabajan en materia de vivienda y ha destacado que otras instituciones, tanto en las Islas como en otras comunidades, que han puesto en marcha iniciativas similares y «han sido un fracaso».
En este sentido, el COAPI ha recordado que «Podemos ya puso en marcha una iniciativa de este tipo en el Consell de Menorca, cuya consejera de vivienda, Cristina Gómez, ha calificado de 'gran éxito'». Sin embargo, ha recriminado que «el programa de 'lloguer étic' ha costado ya centenares de miles de euros a la institución y el resultado es muy fácil de resumir: ha conseguido cerrar 15 contratos de alquiler hasta abril de 2022. Haciendo una simple división, cada uno de esos contratos de alquiler 'éticos' le han costado a los ciudadanos de Menorca más de 10.000 euros. Al final, no es más que una web poco operativa y ayudas directas para los propietarios, a los que se les financia el IBI y un seguro, a cambio de que acepten unos precios que no siempre están por debajo de mercado: hasta 650 euros, que en Menorca son precios habituales».
El COAPI ha manifestado que «este 'gran éxito' es el modelo que pretende exportar Podemos a toda Balears, pero el problema es que su planteamiento no resulta eficiente, ni ágil y no afectará a los precios del alquiler». A su modo de ver, su elevado coste «se explica simple y llanamente por el exceso de demanda respecto a la oferta disponible. No son los honorarios de las agencias inmobiliarias las que los hacen aumentar, que vienen a suponer un 1,5 % del coste total en base a toda una serie de servicios que lo justifican». En este punto, ha insistido en que «las inmobiliarias no son responsables del incremento de precios de vivienda. Algunas de las iniciativas políticas que hemos escuchado durante las últimas semanas sí que incrementarán los precios. Las formaciones políticas deberían atender al criterio de los que sí conocen el mercado de vivienda y sus dinámicas, en lugar de proponer desde una atalaya ideológica, sin tener ningún conocimiento ni capacidad para entender las consecuencias de sus propuestas».
A su modo de ver, «transferir costes de los propietarios directamente a la administración pública no parece que vaya a redundar sino en un mayor margen de beneficio para éstos, pero no en una rebaja de precios. Y si el modelo pasa por establecer unos precios máximos, pocos propietarios de vivienda se acogerán a esta propuesta».
El papel del IBAVI
Por otra parte, desde el COAPI han advertido que «sugerir que sea el IBAVI quien se dedique a hacer de agencia parece contraproducente: el IBAVI lo que tiene que hacer es construir el máximo de viviendas protegidas en régimen de alquiler social y gestionarlas adecuadamente, lo que incluye muchísimo trabajo de gestión. Encargar nuevas tareas para las que no están preparados solo ayudará a distraerles del que tendría que ser su único objetivo». Además, han añadido que «la intermediación inmobiliaria estará regulada en cuanto se apruebe el decreto que establece el reglamento de los agentes inmobiliarios, por lo que también sería exigible a las personas que tuvieran que desarrollar esta actividad desde la administración pública».
Desde el COAPI han precisado que a ellos les corresponde «defender el buen hacer de los agentes inmobiliarios, que cobran unos honorarios por realizar precisamente muchas actividades tendentes a dar garantías a las partes: garantizar la existencia de las viviendas y que cumplen los requisitos legales, visitar las mismas, enseñárselas a los clientes interesados, asesorarlos, redactar un contrato de alquiler que recoja todos los requisitos legales, resolver las posibles incidencias de la vivienda, etc. La actividad pública debería centrarse en atender aquellos aspectos que no atiende adecuadamente el mercado, como es el caso, por ejemplo, del alquiler social destinado a personas que, por su situación, no pueden acceder a una vivienda a precios de mercado. Actuar donde el mercado ya está dando soluciones es despilfarrar recursos con un discurso equívoco y equivocado».