La jubilación del presidente de la Sala de lo Contencioso del TSJIB, Gabriel Fiol, ha provocado un goteo de demandas por parte de padres contra el Govern para exigir un 25 por ciento de clases en castellano para sus hijos en distintos centros docentes de Balears. Todos estos recursos esperan que el cambio de un magistrado en la Sala altere los equilibrios internos del tribunal y permita un cambio de criterio respecto al modelo actual.
Una de las demandas está impulsada por la asociación Hablamos Español. Su portavoz, Gloria Lago, confirma que se impulsa un proceso para comprobar si existe un cambio de criterio con la marcha de Fiol. La organización, con sede en Vigo, asesora a varios padres de las Islas y ya participó en la petición de medidas cautelares que fue rechazada el pasado mes de noviembre por el TSJIB. En aquella ocasión, la familia de una alumna de Secundaria reclamó que se ordenara al centro aplicar un 25 por ciento de clases en castellano antes de resolver el fondo de la demanda. En este caso, la Sala desestimó la petición por un estrecho margen: tres magistrados, uno de ellos Fiol, mantenían la posición mayoritaria frente a dos que redactaron un voto particular a favor de los padres.
Una vez que esta menor ahora estudia en un centro de Estados Unidos son otros los padres que protagonizan una petición con una base casi idéntica. En paralelo a esta petición se ha registrado un goteo de demandas en una línea muy similar y que también incluyen peticiones de medidas cautelares. Hay otras que estaban pendientes de resolver, como la encabezada por Plis.
Todas estas peticiones siguen las resoluciones del TSJ de Catalunya que resolvió contra el modelo de inmersión lingüística en esa comunidad. La posición hasta ahora mayoritaria en el tribunal balear se basaba en que el modelo de las Islas no es el mismo sino que la normativa educativa solo regula que sean en catalán al menos la mitad de las clases. Cada uno de los centros establece a continuación un proyecto lingüístico propio en el que establece la proporción.
La resolución de noviembre también se basaba en que no se había acreditado el perjuicio que provocaba a la menor el proyecto lingüístico del centro. Mientras, la postura de las dos magistradas discrepantes sí entendía que existía un daño «irreparable» para la alumna y afeaba a la Conselleria que no hubiera acreditado si algún instituto de Mallorca sí impartía un 25 por ciento de clases en castellano.