Los promotores de Balears han registrado un informe en el Parlament cuyas conclusiones son claras: prohibir la compra de vivienda a extranjeros o no residentes es, hoy por hoy, una quimera. Es una propuesta contraria a dos artículos esenciales del Tratado de la Unión Europea y a otra normativa específica y no está amparada en el Acta de Adhesión de España a la UE. «La medida sería muy probablemente considerada discriminatoria de forma indirecta al ser susceptible de beneficiar a los ciudadanos españoles y de perjudicar a ciudadanos de otros estados miembros», señala el informe de Uría Menéndez.
En su escrito al Parlament, los promotores piden que el informe se distribuya entre todos los grupos parlamentarios para que tengan conocimiento de él. El texto insiste en que, en caso de que la medida no se considere discriminatoria, no satisfaría «el test de proporcionalidad» que exige la normativa europea. Añaden que, para que esta legislación sea posible, corresponde al Gobierno de España acreditar que se trata de una medida «indispensable» y que no existe ninguna otra opción alternativa «menos restrictiva» para alcanzar los objetivos perseguidos, con independencia de quién aprueba la ley.
No bajarán los precios
La posibilidad de prohibir la compra a los no residentes, incluso como primera vivienda, va contra el derecho fundamental de la libre residencia en la UE, señalan. Considera el informe que no tendrá efectos para evitar la especulación y creen que, si ese es el objetivo, una posibilidad sería limitar la acumulación de inmuebles en pocas manos «y facilitar que el mercado sea líquido y competitivo». Creen que la propuesta provocará, en el fondo, un aumento de los precios con «tensiones especulativas» entre los residentes.
Por último, el informe que se ha elaborado ha instancias de los promotores menciona el rechazo de la UE a propuestas anteriores muy parecidas a las planteadas por Balears. Lo intentaron en una zona del Tirol austríaco, y en otras dos zonas de Austria, además de una región de Dinamarca y otra que trató de aprobarse en Hungría.
Y que van a decir. En ello les va su negocio a base de especular con un servicio esencial