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Todas las sanciones por ofertar infravivienda en Balears

La multa mínima por una infracción 'grave' se eleva a 3.001 euros

Vista panorámica de Palma, con el Castell de Bellver al fondo. | Teresa Ayuga

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Mano dura. Con esa contundencia se aplica el Govern a la hora de sancionar a quienes ofertan infravivienda o colaboran a hacer crecer la cantidad de 'pisos patera' que pueblan las islas, especialmente cuando la temporada alta turística echa a andar. Por ello, la Ley de la Vivienda de Balears de 2018 contempla un completo capítulo sancionador con el que intentar, al menos, disuadir a quienes pretendan realizar esta práctica ilegal.

Por ello, se contemplan dos tipos de infracciones recogidas en el texto normativo en vigor. La primera es la constitución de una infravivienda, con gente ya residiendo en ella, lo que es considerado como una infracción de carácter «muy grave». Además, se considera la publicidad de esa oferta de infraviviendas como una actividad punible como infracción «grave».

Las multas a las que se exponen los que caigan en una infracción de las consideradas como «graves» se pueden extender en unas cifras que contemplan un mínimo de 3.001 euros y un máximo de 30.000 por cada una de las viviendas. Por su parte, las infracciones tildadas de «muy graves» se exponen a una multa de entre 30.001 y 90.000 euros.

La ley pone en valor, más allá del delito o la infracción, la seguridad de las viviendas y de sus ocupantes, cuya dignidad se prioriza a la hora de sancionar ejemplarmente a los infractores. Para perseguir este tipo de actividades, se ha reforzado desde noviembre de 2021 el servicio de inspección y sanciones de la Direcció General d'Habitatge del Govern con un inspector propio para Ibiza, dada la complejidad de la Isla en esta materia. Con anterioridad, los inspectores debían desplazarse expresamente desde Mallorca, complicando y ralentizando su labor.

Cabe recalcar que este servicio actúa de oficio y a partir de las denuncias que recibe y nace a partir de la articulación de la Ley de Vivienda de Baleares, cuyo texto vio la luz en verano de 2018, desarrollándose un régimen sancionador efectivo con el que se pretende limitar todo tipo de conductas infractoras, además de establecer el régimen sancionador.

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