La delegación del Govern trasladada a Bruselas ha transmitido a la Comisión Europea la necesidad de «avanzar más» en la regulación de las plataformas de alquiler turístico y evitar que se sigan publicando anuncios ilegales en las mismas. La Comisión está recogiendo opiniones y valoraciones de los distintos gobiernos regionales de cara a perfeccionar el reglamento sobre esta materia que debe regir en el territorio comunitario.
La comitiva balear está integrada por miembros de la Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball y de la Conselleria d'Hisenda i Relacions Exteriors, con sus respectivos consellers al frente, Iago Negueruela y Rosario Sánchez.
«Es difícil de entender que plataformas como AirBnb todavía publiciten anuncio ilegales en nuestro territorio; tenemos una norma fijada para Baleares que estas plataformas obvian e incumplen sistemáticamente», ha señalado el conseller Negueruela tras la reunión con la Comisión.
«AirBnb es una plataforma que funciona fuera de la ley, se sitúa fuera de las leyes sin ni siquiera molestarse en vigilar si los anuncios que publica son legales«, ha declarado para insistir en que «es hora de que la Comisión actúe y establezca mecanismos más rígidos de control y garantías para que esto no suceda», ha apostillado.
Por su parte, Sánchez ha hecho hincapié en la necesidad de solventar las carencias de las que la normativa comunitaria adolece todavía. Y eso pasa por fijar sanciones, algo que solo pueden hacer las instituciones supranacionales. El gran problema, señala la consellera, es que «tiene un carácter, entendemos, más voluntarista que otra cosa porque no incluye un régimen sancionador».
«Desde el Govern somos muy conscientes de cómo afecta el alquiler turístico al mercado de la vivienda y hemos regulado todo lo que hemos podido para garantizar que todas estas interferencias no perjudicaran el acceso a la vivienda», señala Sánchez para explicar que ahora la Comisión comienza la elaboración de un reglamento con el cual se establece un mecanismo de colaboración con las plataformas para que se puedan compartir los datos de alquiler turístico y recoger de manera homogeneizada esta información.
«Desde que hemos conocido esta iniciativa hemos detectado una carencia, que es que no responsabiliza a las plataformas de la ilegalidad de algunas de las ofertas que anuncian». El posicionamiento balear, ha resaltado Sánchez, es común al de muchas regiones de la Unión Europea afectadas por esta problemática.