Diversos actores del sector inmobiliario han puesto sobre la mesa de la Administración pública el fraccionamiento de viviendas antiguas como una fórmula técnicamente factible para ayudar a paliar la falta de oferta. También desde el Colegio de Administradores de Fincas, cuyo presidente, Antonio Jaume, aboga por ir dando pasos en esta y otras direcciones para mitigar el problema. «Pequeñas iniciativas como estas pueden ir ayudando».
Buena parte del parque inmobiliario construido en las décadas del boom, en los años 70 y 80, posee unas dimensiones muy alejadas de las necesidades actuales de la población. «Pisos de hasta 180 metros cuadrados que podrían dividirse en dos perfectamente; sería absurdo que la normativa lo impidiera». La medida no solo contribuiría a dar respuesta a la demanda, sino que también ayudaría a muchos de los moradores actuales de este tipo de inmuebles -muchos de ellos jubilados con un exceso de metros cuadrados para sus necesidades- que podrían obtener un rendimiento económico.
Desde el Colegio de Arquitectos, se secunda la idea, puesto que «ese parque de viviendas no responde a las necesidades de la sociedad actual». Según su presidente, Bernat Nadal, «hablamos de modificar las intensidades de uso y entendemos que es factible técnicamente pero siempre aparecen pegas normativas».
También comparte esa visión José Miguel Artieda, presidente del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (API). «Hay muchos edificios de 40 o 50 años pensados para otro tipo de familias, de cinco o más personas», indica para añadir que el fraccionamiento «permitiría aumentar la cifra de viviendas que salen al mercado».