Cooperativas, microcooperativas, sociedades laborales, empresas de inserción social, organizaciones que fomentan la economía social. Todas ellas son entidades sin ánimo de lucro que constituyen el armazón del llamado tercer sector en Baleares. En las Islas se articulan en torno a cuatro redes, acogen a miles de voluntarios más de 300 entidades, en su mayoría cooperativas. Se relacionan con la Administración autonómica a través del Consell d'Economia Social y una ley aprobada esta legislatura las considera fundamentales en el desarrollo del estado del bienestar y blinda las ayudas públicas ante cambios de mayorías.
Este miércoles se celebró una reunión del Consell d'Economia Social en Consolat de Mar y la presidenta Armengol explicó que, para 2023 y 2024 hay previstas tres convocatorias de subvenciones por valor de 3.160.000 euros. La primera, de 1,8 millones, es para la promoción del empleo y la mejora de competitividad de las cooperativas; la segunda, de 1,4, se dedica al mantenimiento de puestos de trabajo de personas en situación de exclusión social. Y la tercera, de medio millón de euros, al fomento de la economía social. El anuncio llega cuando quedan pocos días para el inicio formal de la campaña electoral.
Armengol no se refirió en ningún momento a la convocatoria, pero sí dijo que «desde el Govern continuaremos con esta línea de trabajo que tiene un retorno social tan importante».
La presidenta defendió un modelo empresarial que, dijo, «pone la economía al servicio de la gente y tiene incorporados valores de solidaridad, trabajo en equipo y de servicio a la personas».
Por parte del Govern, asistieron a la reunión, además de su presidenta, el conseller de Treball, Iago Negueruela; el director de Promoció Econòmica i Emprendedoria i Economia Social, Manuel Porras; la directora general de Treball, Virginia Abraham, la directora de Serveis Socials, Teresa Vallespir, y el de Residus, Sebastià Sansó.