El número de viviendas protegidas en manos del Govern ha aumentado un 42 % en estas dos legislaturas, básicamente en los últimos cuatro años, una vez aprobada la ley de vivienda de las Islas. El Ibavi disponía en 2019 de 1.756 viviendas y el Govern acaba mandato con otros 1.276 pisos más ya hechos o en fase de construcción, según los datos facilitados por la Conselleria d'Habitatge. En total, el Ibavi tiene la titularidad de 3.032 pisos.
A este parque público de vivienda hay que sumarle los 1.051 pisos que ha vendido el Ibavi y que sus propietario deberán vendar a un precio tasado en caso de que quieran hacerlo. Por último, en las Islas existen otros 10.182 pisos de promotores privados, pero que tiene la calificación de VPO por lo que, en caso de venta, el Govern puede ejercer el derecho de tanteo y retracto. Si lo venden a un particular, también deben hacerlo a un precio tasado ya que la vivienda se construyó con ayudas públicas. Eso suma un total de 14.265 viviendas protegidas o públicas.
Una de las que menos
Y a pesar del aumento en el número de viviendas protegidas, Balears sigue siendo unas de las comunidades autónomas donde menos parque público hay en relación al parque total de vivienda. El Govern se ha marcado como objetivo ampliar el parque en un momento en el que la vivienda sigue siendo un problema de primera magnitud para los ciudadanos de Balears, por eso ha llegado a un acuerdo con los promotores privados para aumentar el precio de las viviendas tasadas.
Una parte de esos pisos que se han incorporado al parque público no se han construido, sino que se han comprado. El Govern ha adquirido un centenar de pisos por la vía del tanteo y retracto. Además, la ley de vivienda de Balears hace que todas las nuevas viviendas de protección oficial que se construyan en las islas tengan esta consideración de por vida. Es decir, no se podrán vender libremente a los 15 o 30 años de haberse construido, sino que siempre deberán venderse al precio que determine la administración y será ella quien tenga el derecho de compra preferente. Esta medida se ha incorporado también en la ley de vivienda estatal que está a punto de recibir el visto bueno del Congreso de los Diputados.
Los promotores no hacían vivienda a precio tasado porque el precio era tan bajo que no les salía a cuenta. Con la actualización de precios, la asociación de promotores inmobiliarios calcula que saldrán al mercado en los próximos años hasta 14.000 viviendas a precio fijado por la Administración. De hecho, en estos momentos ya están en marcha 513 viviendas.
Además de actualizarse el precio de la vivienda, el Govern también ha actualizado el nivel de ingresos máximos de los ciudadanos para acceder a una vivienda con el fin de ampliar el número de personas que podrán acogerse a estas ayudas. «Es fundamental que cada administración oriente su estructura para hacer frente a uno de los principales problemas ciudadanos», aseguró el conseller d'Habitatge, Josep Marí la semana pasada cuando anunció la creación de una comisión que se encargará de definir cuáles son las zonas tensionadas en las Islas en las que se podrá poner limitaciones al precio de los alquileres. La comisión también decidirá si se rebaja a cinco el número de pisos para ser gran tenedor.
El Govern que salga de las elecciones del próximo 28 de mayo deberá decidir si acepta o no la oferta de 120 viviendas de la Sareb, el llamado ‘banco malo', que se quedó con los activos inmobiliarios de las entidades bancarias rescatadas tras la crisis inmobiliaria del año 2008. La Sareb ha ofrecido al Govern la compra de estos inmuebles, pero tanto la presidenta del Ejecutivo como el conseller d'Habitatge han dejado claro que solo se compraran aquellos inmuebles que estén en condiciones. El Govern ha asegurado que mirará una por una todas las viviendas antes de decidir si compra, aunque también se ha mostrado partidario de hacer reforma