Una de cada cuatro personas tuvieron que retrasar el pago de su cuota hipotecaria o del alquiler el año pasado en Balears. Pese a que se reduce el índice global de población en riesgo de pobreza o de exclusión social hasta un 21,5 %, según el último informe Estado de la pobreza en las Comunidades Autónomas de la red de inclusión social EAPN, suben de forma alarmante algunos de sus indicadores. Baleares es, por ejemplo, la comunidad donde más crece la población que retrasó pagos por vivienda, al pasar del 17 al 25,8 % de la población; pero además aumenta también la gente que aplazó el pago de las facturas de suministros básicos pasando del 11 al 13,2 %.
En las Islas hay ahora más gente que no puede permitirse comer carne o pescado (proteínas animales) cada dos días. Si en 2021 era el 2,9 % de la población ahora es el 7,4. Por último, destaca que casi el 40 % de los residentes son incapaces de afrontar un gasto imprevisto de más de 800 euros sin tener que pedir un préstamo (pasando de un 30,9 a 36,4 %).
Son algunos de los indicadores sobre el riesgo de privación material severa en el que se ve el empeoramiento de los relacionados con los gastos, sobre todo, de vivienda. Sin embargo, la tasa global de riesgo de pobreza o exclusión social (tasa AROPE) se reduce al 21,5 %. «Pese a la mejora registrada, no podemos obviar que este porcentaje supone que más de 263.000 ciudadanos de las Islas sufren pobreza o exclusión y que queda mucho camino por recorrer», señaló en un comunicado, EAPN Balears.
La cifra se desgrana de la siguiente manera: por un lado el 16,9 % de la población, 199.440 personas, se encontraban en riesgo de pobreza el año pasado, un 0,7 % menos que el año anterior. Por el otro, el riesgo de pobreza severa pasó del 9,2% en 2021 al 8,4%, es decir, en el último año mil personas abandonaron la situación de extrema vulnerabilidad.
Ayudas
El presidente de EAPN-España, Carlos Susías y el director del estudio, Juan Carlos Llano, explicaron además la diferencia en la tasa de pobreza que supondría para los territorios el no tener el traspaso de competencias. La acción del Estado se manifiesta con mucha intensidad en comunidades como Cantabria, Balears o Galicia, pues en todas ellas las transferencias de la materia reducen considerablemente las cifras. En el caso del Archipiélago se calcula que la tasa de pobreza se ha podido contener 9,1 puntos porcentuales. Es decir, sin ninguna ayuda pública, el 40,8 % de la población situarían sus ingresos por debajo del umbral de la pobreza. Además, se cree que la necesidad severa se triplicaría hasta más del 26 %.
Los expertos coincidieron en señalar la importancia del escudo social como respuesta a la crisis sanitaria y la diferencia de su impacto sobre la población, comparado con las medidas de recortes de gasto que se aplicaron tras la crisis de 2008. Por otra parte, subrayaron la función redistribuidora del Estado pues «hay una enorme desigualdad territorial», dijeron. España está partida en dos, «a las regiones del norte les va bien y a las del sur les va mal».
Reducir esta brecha es esencial para conseguir los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), conocida como Agenda 2030. A nivel nacional, tendría que haber 2,1 millones de personas menos en situación de pobreza y exclusión social. Ahora mismo, ha habido una reducción generalizada (de 800.000 personas respecto al año anterior) pero siguen siendo 12.300.000 personas.