El sindicato de la Guardia Civil AUGC, el de mayor representación en España, ha sostenido este miércoles que «Baleares no puede ser un destino de castigo para los guardias civiles», cuyo sueldo no da para pagar el alquiler de una vivienda en la comunidad con los precios más altos de España.
En rueda de prensa celebrada en Palma, el secretario general de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), Juan Fernández, ha exigido al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, una «vivienda digna» para los agentes destinados en Baleares, que se ven obligados a compartir «pisos patera», alquilar habitaciones o incluso dormir en caravana o en su propio coche. Fernández ha criticado que el ministerio, según una respuesta parlamentaria al PP, no tiene previsto declarar Baleares como Zona de Especial Singularidad (ZES), con el propósito de hacer atractivo este destino.
Baleares, ha expuesto, es la comunidad más cara de España en los conceptos de vivienda y productos básicos, lo que los agentes no pueden afrontar con una dieta diaria de 49 euros en concepto de vivienda y 28 para su alimentación, 77 euros en total. Este sindicato defiende un aumento mínimo hasta los 180 euros y que el ministerio realice un estudio para analizar los costes que supone vivir en la comunidad más cara de todo el país.
«Una vez más el ministro Grande Marlaska no tiene los deberes hechos», ha lamentado Fernández, que ha recordado que el titular de Interior, en su visita a Baleares en abril, prometió respuestas «definitivas y permanentes» para solucionar esta problemática, que se agrava con más intensidad en la isla de Ibiza. La situación de Baleares tiene como consecuencia que los guardias civiles y sus familias no quieran en ningún caso este destino profesional, al que vienen forzados, ha lamentado Fernández.
Según ha concretado, más de una docena de agentes que se han incorporado de «forma forzosa» a Baleares se encuentran de «baja psicológica por la humillación y la precariedad» en la que viven y, al menos, hay cuatro profesionales que pasan la noche en su vehículo. En estos momentos, ha continuado, en Baleares trabajan de manera permanente unos 1.800 agentes, pero serían necesarios 500 más para completar la plantilla y atender las necesidades de una comunidad autónoma turística que año tras año incrementa el número de residentes y visitantes.