El Consell de Govern ha aprobado este viernes el Decreto de la Cartera básica de servicios sociales de Baleares 2023-2027, por el que se regula la vivienda colaborativa como una nueva modalidad de servicio alternativo a las residencias para personas dependientes.
En rueda de prensa, el portavoz del Ejecutivo balear, Iago Negueruela, ha concretado este viernes que el Decreto determina el conjunto de prestaciones del sistema público de servicios sociales que presta el Govern.
La Cartera básica de servicios sociales es la respuesta de la Administración a los cambios sociales y a las nuevas situaciones de necesidades que surgen en la Comunidad a través de toda una serie de servicios y prestaciones reconocidos a la ciudadanía y que se describen y se recogen en el Decreto, según ha añadido.
En esta línea, ha valorado que por primera vez en Baleares y en el conjunto de las comunidades autónomas se regula la llamada vivienda colaborativa como una nueva modalidad de servicio residencial para personas en situación de dependencia.
Se trata de un modelo ya experimentado en diferentes países de Europa por el que un grupo de personas, de manera voluntaria y generalmente con un vínculo de amistad, deciden agruparse para convivir, ayudarse mutuamente y afrontar de manera conjunta los retos del envejecimiento y cubrir sus necesidades desde la autogestión.
Así, la vivienda colaborativa es una nueva modalidad alternativa a modelos ya existentes como la residencia o la vivienda supervisada, que integran espacios de uso privativo y zonas comunitarias con el propósito de desarrollar la vida en común de los habitantes, que debe estar gestionada por una entidad sin ánimo de lucro con el objetivo de procurar para las personas que la habitan la promoción de su autonomía y la atención en situaciones de dependencia.
Las personas en situación de dependencia que vivan en este servicio podrán acceder a una prestación económica vinculada al mismo. Este servicio alternativo al modelo clásico de residencia es compatible con otros que prevé la Ley de la dependencia, como el de teleasistencia y el de prevención y promoción de la autonomía personal.
Para su autorización y acreditación, se fijan las ratios de profesionales que deben atender a los usuarios sobre una previsión de 24 horas de servicio, 365 días al año. Las ratios se igualan con las necesidades de personal fijado para una vivienda supervisada y se facilita que algunas de las tareas puedan ser asumidas por las personas que habiten y no sean dependientes. En caso contrario, deberán cubrirse con personal contratado.
Las ratios mínimas del servicio para viviendas colaborativas de diez plazas de personas con dependencia son responsable del servicio (0,25), personal cuidador (cinco) y personal de servicios generales y hostelería (0,25).
El puesto de responsable del servicio podrá ser asumido por uno de los residentes con titulación universitaria, que será quien haga funciones de responsable de cuidados de las personas con dependencia y no puede tener reconocido ningún grado de dependencia. Los puestos de servicios generales y de hostelería podrán ser asumidos por las personas que allí habitan. En caso contrario, todos los puestos anteriores deberán cubrirse con personal contratado.
Subvención a la uib
El Consell de Govern también ha aprobado este viernes a la Conselleria de Asuntos Sociales y Deportes renovar la subvención a la Universitat de les Illes Balears (UIB), por un importe de 18.852,21 euros, para mantener la financiación para el curso 2023-2024 del título del segundo posgrado de Especialista Universitario en Intervención Socioeducativa en el Ámbito de la Justicia Juvenil, un título propio de la UIB de 30 créditos ECTS que se imparte desde el curso 2019-2020.
Los estudios están dirigidos a graduados o estudiantes de último curso en Educación Social, Trabajo Social, Psicología, Pedagogía, Psicopedagogía, Derecho y otras titulaciones de Ciencias Sociales y Humanas relacionadas, con el objetivo de formar al futuro personal socioeducativo que trabaje en el ámbito de la aplicación de medidas judiciales en menores que hayan sido sentenciados por haber cometido algún delito.
Este título propio de la UIB se enmarca en el contexto de que la intervención socioeducativa en el ámbito de la justicia juvenil requiere una elevada especialización por parte de todos los agentes sociales y educativos que trabajan con los menores que cumplen alguna medida de justicia juvenil, así como cubrir la carencia formativa existente, que no se correspondía con la demanda social o profesional en este ámbito, y revertir la presión sobre los recursos sociales destinados a la reeducación de personas menores de edad que son condenadas por haber cometido alguno delito, según ha explicado la Conselleria.
Orientación jurídica gratuita a la población reclusa
El Consell de Govern ha aprobado también la renovación de la subvención de la Conselleria al Colegio de Abogados de Baleares por un importe de 20.000 euros para este año, para el servicio de orientación gratuita a determinados colectivos que se encuentran en una situación de necesidad de atención prioritaria y, en este caso, población reclusa.
El proyecto 'Prevención de la exclusión social mediante el empoderamiento: orientación jurídica gratuita a la población reclusa' tiene por objetivo reforzar, mediante la orientación y el consejo jurídico gratuito, la autoestima, las capacidades, la confianza, la visión y el protagonismo de este colectivo, que es un grupo social en riesgo de sufrir procesos de exclusión.
La iniciativa pretende, asimismo, estimular cambios positivos mediante un proceso en el que los reclusos tomen conciencia de sus derechos y de cómo ejercerlos de una manera efectiva.
El asesoramiento jurídico es en cuestiones de derecho penitenciario, cumplimiento de penas, acceso a la asistencia jurídica gratuita, expedientes de vigilancia penitenciaria y, en general, en derechos de los internos de los centros penitenciarios de Palma, Ibiza, Menorca, del CIS Joaquín Ruiz Jiménez Cortés y de la Unidad de Madres.