El PSIB y Més trabajarán este fin de semana en las réplicas de sus portavoces, Francia Armengol y Lluís Apesteguia, al discurso de investidura de Marga Prohens, el lunes próximo en el Parlament. Aún antes de escucharla, en ambos partidos se da por hecho que el hilo conductor será el acuerdo que PP y Vox firmaron el miércoles y que incluye 110 medidas a desarrollar en esta legislatura.
Tanto PSIB como Més desatacaron nada más conocer el texto que el PP había asumido el discurso de Vox y que así se concreta en puntos que como los que pasan por modificar la política lingüística y derogar leyes, entre otras la de Memoria y Reconocimiento Democrático. Pero es que, además, y en eso coinciden ambos partidos, hay partes del acuerdo que sugieren actuaciones que no se detallan. Así, aunque no hay una alusión expresa a la Oficina de prevención y lucha contra la corrupción, ésta desaparecerá. Tampoco se detallan otros organismos que se suprimirán, del mismo modo que se recoge sin citarlo por ese nombre el llamado ‘pin parental' que permite excluir al alumnado de actividades extra escolares de actividades que sus familias consideren inconvenientes.
El punto que abre la puerta a suprimir o reconvertir entes y organismos que no se detallan expresamente es uno que se recoge en el apartado Eficiencia en el gasto público.
Institut Balear de la Dona e IB3
«Contrataremos una auditoría en cada uno de los organismos, empresas y entes públicos y se eliminarán aquellos que no reporten beneficios claros para la ciudadanía y supongan un gasto superfluo, innecesario, duplicado o con fines ideológicos y garantizaremos la máxima eficiencia del gasto en aquellos que continúen», recoge la medida número 50 del texto de PP y Vox.
Vox se pasó toda la anterior legislatura abogando por suprimir lo que llamó «chiringuitos», entre los que incluía al Institut Balear de la Dona (IBD) por entender que no cumplía su función y que, en el leguaje propio de la extrema derecha, se consideraba como ejemplo de «ideología de género». Desde el PP se ha precisado que no se ha tomado la decisión de suprimir este organismo aunque sí es cierto que se modificarán actuaciones relacionadas con la Ley de Igualdad y que se evitarán duplicidades.
El acuerdo no alude a cambios en la dirección de IB3. Tampoco al cierre del ente, como reclamaba Vox desde la oposición. El relevo de Andreu Manresa en la dirección general no es posible con la actual ley. Solo puede cesar si dimite, al final de mandato (fue elegido para seis en 2022) o si es «inhabilitado para cargos públicos o por condena firme por delito doloso». La única opción es cambiar la ley.