El Tribunal Supremo ha confirmado la condena a diez años de prisión a dos ciudadanos búlgaros por explotar a dos compatriotas sin recursos que captaron en su país, a quienes obligaron a ejercer la mendicidad en Mallorca durante doce horas al día, bajo amenazas y en condiciones de esclavitud. Los dos explotadores llegaron a Mallorca en octubre de 2016, alquilaron un piso y poco después regresaron a Bulgaria. Allí, uno de los acusados aprovechó la relación que tenía desde la infancia con una de sus víctimas, con escasos recursos económicos, para convencerle de ir a Mallorca y trabajar legalmente. Incluso, le ofrecieron pagarle el avión.
Ya en la Isla, le llevaron a un parking para lavar coches y luego al aparcamiento de un supermercado de Santa Ponça (Calviá) donde le conminaron a ejercer la mendicidad de 9 a 21 horas. Todo el dinero debía entregárselo a sus captores, según señala la sentencia. Después, los explotadores repitieron la operación y viajaron nuevamente a Bulgaria para captar a otro hombre, a quien también le ofrecieron pagarle el vuelo a Mallorca. A esta persona sí que le dijeron que iba a ejercer la mendicidad y repartirse los beneficios al 50%. Los cuatro residían en el piso alquilado de Santa Ponça.
Los condenados les tenían prácticamente esclavizados y sometidos a constantes amenazas de palizas y agresiones si no traían suficiente dinero. Además, les controlaban los alimentos que cogían de la casa, registraban sus ropas y les advertían de que no se podían quedar nada del dinero, pese a lo acordado con uno de ellos. En ocasiones, les llegaron a agredir y siempre les controlaban mediante un móvil que no les permitía efectuar llamadas.
Dice la sentencia que los explotadores «generaron así una situación de miedo que unido a su absoluta falta de arraigo en España, el total desconocimiento del idioma, les imposibilitaba la huida pese a que tenían llaves del domicilio» e, incluso, uno de ellos estuvo solo 5 días cuando fueron a buscar al otro a Bulgaria. Hasta que en enero de 2017, los condenados les dieron una nueva paliza agrediendo a una de las víctimas con una barra de hierro, una situación que les hizo huir de la casa y denunciar los hechos.
La Audiencia de Mallorca les condenó a diez años de prisión, 540 euros de multa y una indemnización de 6.000 euros a cada víctima por dos delitos de trata de seres humanos, lesiones y maltrato de obra, un fallo que confirmó el Tribunal Superior de Justicia de Baleares que tan solo redujo levemente la cuantía de la multa. Y ahora la Sala de lo Penal del Supremo ratifica la condena no sin arremeter contra los explotadores por que su estrategia «acuda al descrédito personal de los denunciantes para abundar en la ausencia de credibilidad de su testimonio».