El nuevo Govern prepara un giro radical en materia de vivienda que se centrará en la modificación de la Ley de Vivienda aprobada por el pacte de izquierdas en la pasada legislatura. Uno de los cambios que se preparan es la derogación de todas las disposiciones que permiten la expropiación del uso de los pisos vacíos de los grandes tenedores. La filosofía de los nuevos gobernantes es que estos pisos salgan al mercado en alquiler gracias a incentivos a los propietarios, una medida que figura tanto en el programa electoral del PP como en el acuerdo programático pactado por este partido y Vox.
Hay intención de derogar una medida novedosa que incluyó la ley de vivienda, pero cuya efectividad ha sido escasa. Según los últimos datos facilitados por el anterior Govern, hasta la fecha solo se había podido destinar a alquiler social un total de 36 viviendas expropiadas a bancos y fondos buitre. Se anunció la expropiación de medio centenar, pero muchas de ellas al final no se concretaron.
Apenas funcionó
El registro de viviendas vacías de grandes tenedores llegó a tener casi 2.000 inmuebles inscritos de entidades que tenían más de 10 pisos en propiedad, pero la cifra fue decreciendo hasta quedar en unos 700. Los bancos comenzaron a sacar sus viviendas para no tener que cederlas al Govern por un plazo de siete años para destinarlo a alquiler social. El anterior ejecutivo aseguraba que solo por eso la medida ya había sido positiva.
El Govern de Marga Prohens no está de acuerdo con esta medida que considera intervencionista y el PP se opuso con dureza a esta normativa que ahora quiere cambiar, La presidenta ha anunciado que tiene la intención de aprobar un decreto ley de emergencia habitacional sobre el que ya trabaja la nueva consellera d'Habitatge, Marta Vidal. Las medidas más urgentes que ha anunciado Prohens es la necesidad de modificar la ley para acabar con la ‘maraña' burocrática del urbanismo.
Esta simplificación administrativa se incluirá en este decreto ley de medidas urgentes, que también puede incorporar otras propuestas de carácter fiscal. El vicepresident y conseller d'Hisenda, Antoni Costa, ha insinuado esta posibilidad por lo que el decreto puede incorporar la propuesta fiscal del nuevo Govern en materia de vivienda que pasa por la eliminación del impuesto de transmisiones patrimoniales por la compra de vivienda de hasta 270.000 euros para los menos de 30 años y personas con discapacidad.
Se incluye la opción de que el precio de la vivienda suba hasta 350.000 euros en las zonas tensionadas y se prevé la bonificación del 50 % este impuesto para la compra de la primera vivienda habitual para jóvenes con edades entre 30 y 35 años y para las familias numerosas con las mismas condiciones para el precio máximo de las viviendas. Falta por saber cuándo se enviará el decreto al Parlament.