El Govern ha decidido llevar a Fiscalía el expediente de la compra de los 88 pisos a Metrovacesa que aprobó el ejecutivo de Francina Armengol justo antes de las elecciones. El Ejecutivo de Marga Prohens quiere saber si puede haber indicios de delito en esta operación, que suponía pagar un sobreprecio de casi 40 % del estipulado para vivienda protegida. La operación costaba 25,8 millones de euros, a los que debía sumarse un IVA del 21 % y no del 10 % porque los pisos aún no tenían cédula de habitabilidad.
El Govern ha decidido suspender toda la operación y ya ha mantenido contactos con la empresa para anular la venta, que ahora mismo está paralizada por un juez. El Govern asegura que el expediente presenta enormes lagunas jurídicas que anulan la operación de pleno derecho. Señalan que hay informes jurídicos del Ibavi contrarios a la operación
La operación se encuentra actualmente suspendida cautelarmente por un juez desde el 26 de junio debido a un recurso presentado por la empresa propietaria, Metrovacesa. El Govern sostiene que en el expediente administrativo del procedimiento no existe justificación técnica para la adquisición de la promoción ni incorpora informes jurídicos preceptivos del Ibavi que avalen esta operación. Tampoco existe la preceptiva memoria que exige la ley para la adopción de acuerdos de esta naturaleza por un gobierno en funciones. Esta ausencia ya se ponía de manifiesto en el informe jurídico del Departamento de Vivienda, que advertía de la necesidad de incorporarla al expediente, según Vidal.
La consellera ha señalado que se han identificado varios «sobrecostes» en la operación, por un valor al menos superior a los diez millones de euros, debido al sobreprecio de adquisición de un 40 % en relación con el precio máximo tasado por metro cuadrado, al pago del IVA, en este caso de un 21 %, y más de 400.000 euros de inversión en la adecuación de las viviendas. La operación salía por un precio de 3.700 euros el metro cuadrado de VPO cuando el precio máximo tasado para estos pisos es de 2.600 euros.
Otro hecho que la consellera ha destacado es que el Govern en funciones persistió después de la suspensión cautelar del procedimiento por parte de la justicia, enviando un requerimiento el 30 de junio a Metrovacesa, SA, para firmar la escritura pública de compraventa el 5 de julio, un día antes de que acabara la investidura de la actual presidenta Marga Prohens en el Parlament.
La consellera ha dicho que esta operación supone un perjuicio a las cuentas públicas de la Administración porque comprometía las cuentas del Ibavi y las de Ports IB, de donde salieron 17 millones de euros sin el visto bueno de su Consejo de Administración. La consellera ha hablado de «arbitrariedad» ante la falta de aval de los servicios jurídicos del IBAVI y ha señalado que la existencia de estas «irregularidades» obligan al Govern a desistir de la adquisición y parar el proceso judicial vpara evitar indemnizaciones.
También ha anunciado darán traslado del expediente a la Fiscalía para que aprecie si existen indicios de delito, y a encargar una auditoría de la gestión del Instituto Balear de la Vivienda (IBAVI). El vicepresident y conseller d'Economia, Hisenda i Innovació, Antoni Costa, ha informado de que se iniciará el procedimiento para la devolución de los 17 millones de euros detraídos a Ports IB y de los 9 millones restantes a las cuentas generales del Govern.