Prohens se inspira en Ayuso y Moreno Bonilla para redefinir el modelo de IB3

Tanto la presidenta de la comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, como el presidente de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla, impulsaron el cambio de sus leyes de televisión autonómica –Tele Madrid y Canal Sur, respectivamente– para hacer coincidir los mandatos de sus direcciones con las legislaturas (cuatro años) e introducir otras novedades. Fue, respectivamente, en 2021 y 2019, cuando todavía no gobernaban con mayoría absoluta.

Esa es la estrategia que seguirá el Govern de Marga Prohens y que está en manos de la consellera de Presidència i Administracions Públiques, Antònia Estarellas. Fueron los Parlamentos de esas comunidades autónomas (como sucederá en Balears) quienes aprobaron el cambio de normativa. La estrategia previa de Vox, antes de las elecciones, fue reclamar el cierre de los canales autonómicos. Ambos siguen abiertos pero adaptados a nuevas leyes.

Administrador provisional

«Aquí no se se está impulsando ninguna persecución ideológica», se señala desde el Ejecutivo, desde donde se confirma que la idea es que los mandatos coincidan con la legislatura y no se cuenta con Andreu Manresa (su actual director general), cuyo mandato vence en 2028. La diputada del PSIB Pilar Costa opinó el miércoles todo lo contraigo. Y aludió a «caciquismo».
Todo empezará con una auditoría al ente, una auditoría que examinará contactos y que también revisará las decisiones tomadas desde el proceso de internalización, y que el PP no cuestionó pero Vox sí.

El acuerdo de gobernabilidad suscrito entre ambas formaciones señala explícitamente la necesidad de esta auditoría y, además, incorpora una referencia a «un modelo de radio y televisión pública» con «unos contenidos que reproduzcan la pluralidad de la sociedad de Balears en su conjunto». Este punto, según se ha traslado a este periódico, abre la puerta a una programación bilingüe si bien eso tendría que ser valorado por la futura dirección. La ley de la comunidad de Madrid establece mecanismos para nombra un «administrador provisional» en el caso de que la Asamblea de Madrid no haya completado el nombramiento.