Luis Martín (Madrid, 1959) tiene claro cuál ha de ser el perfil tipo de la nueva vivienda para la clase media en Baleares: 70 metros cuadrados y menos de 300.000 euros. Un precio asequible que no llegará por arte de magia, sino con un cúmulo de cambios en la normativa orientados sobre todo a ampliar densidades de uso, revisar el suelo desclasificado y agilizar trámites. Recetas, todas ellas, que por lo pronto ya han logrado colar en la agenda del nuevo Govern.
¿En Baleares ya solo se construye para ricos?
Se construye para ricos porque no hay suelo para la clase media. La construcción es más cara por la insularidad y por estructura de mercado, además del encarecimiento material, la mano de obra escasa, etc. Pero sobre todo falta suelo y hemos retirado aún más del mercado, lo que lo ha hecho más caro. El resultado: hemos hecho más casas para ricos en estos últimos ocho años que nunca antes en la historia de Baleares.
¿Se sienten más cómodos con la nueva consellera d'Habitatge?
La principal diferencia es el conocimiento. La Conselleria tiene ahora un equipo político de gente que conoce bien el sector y su problemática y está más preparada. También vemos una voluntad clara para impulsar la creación de vivienda económica.
¿Eso antes no pasaba?
Lo que no puede hacer la Administración pública es decir ‘toda la vivienda económica la hago yo', que es lo que han intentado hacer en las últimas legislaturas. La vivienda económica ya no es para cubrir emergencia social, porque esa emergencia ahora es mucho más amplia: no se refiere solo a personas que no pueden pagar nada, sino a las que podrían pagar algo pero no encuentran un producto para sus necesidades porque simplemente no existe.
¿Cuántas viviendas harían falta para atajar la crisis habitacional?
Tenemos un déficit estimado de más de 20.000 viviendas y con la inmigración seguimos engrosando ese déficit a razón de 2.000 o 3.000 viviendas más al año. En ese contexto, habría que sacar al mercado entre 7.000 y 8.000 viviendas al año para dar respuesta a la demanda.
¿Cuánto suelo abogan por liberar?
No es tanto los metros cuadrados que liberes como la capacidad de edificabilidad que tenga ese suelo. Lo que hay que hacer es aprovechar al máximo el suelo que tenemos y revisar el que se desclasificó, porque en las últimas legislaturas ha habido desclasificaciones más políticas o propagandísticas que otra cosa y debería mirarse desde un punto de vista más técnico. Parte de este suelo podría ser rescatable y así se abarataría el existente.
Llevan proponiendo lo del crecimiento en altura desde hace años.
O crecemos para arriba o lo hacemos a lo ancho, y eso no lo queremos porque significa usar más territorio. Hay zonas en las que se puede crecer en altura o densidad y así obtener más viviendas: si en vez de cinco pisos de 120 metros cuadrados me dejaran hacer diez de 60 metros, todo eso que ganaríamos. Además, está claro que el modelo familiar está cambiando radicalmente: la demanda de viviendas de cuatro dormitorios es mucho menor que la de uno y dos dormitorios porque hay muchas más familias monoparentales, jóvenes que se independizan, etc.
Que nadie piense en rascacielos o en Benidorm y se asuste.
Mayor altura, pero con cuidado, no vamos a construir edificios de 30 alturas. En Nou Llevant -una zona con avenidas anchas y zonas verdes- se podrían haber hecho ocho alturas en vez de seis. A mi entender, con eso hemos perdido capacidad de optimizar el suelo existente. Hay nuevos urbanizables previstos en el cinturón de Palma con la misma media de seis alturas y no pasaría absolutamente nada si esa media fuera de siete u ocho, no cambiaría la fisonomía del barrio.
¿El fraccionamiento de grandes pisos antiguos es viable?
Hoy día casi todo es posible técnicamente, solo falta una normativa que lo permita. Seguimos atados a normativas de hace 20 o 30 años, hechas cuando había otra realidad y otras necesidades. Hay que actualizarlas y además hacerlo anticipándonos a las necesidades del futuro, cosa que nunca se ha hecho.
¿Qué culpa tiene el extranjero en el encarecimiento de la vivienda?
Poca, porque esas operaciones se han producido en zonas turísticas y muy determinadas. Excepto casos puntuales no han entrado en zonas de residencia tradicionalmente local, como en Santa Catalina, donde sí ha ocurrido y eso ha influido claramente en el precio. Pero los que han vendido eran jubilados o viudas que con sus pensiones no podían mantener esas viviendas y que ganaron mucho dinero al vender. Esos han sido la inmensa mayoría de vendedores de esta zona.
¿La nueva ley de vivienda ha empeorado la situación?
Muchísimo, sobre todo en el alquiler. Conozco a promotores que han retirado su producto del mercado porque no saben a qué precio pueden alquiler o cómo pueden sacar a alguien que no les paga. Es un grandísimo perjuicio y esto es solo el principio: va a ser crítico.
El precio de la vivienda frenará la inmigración.
Esa era la política que a mí un conseller me transmitió hace dos legislaturas: ‘como aquí no cabe más gente, lo que vamos a hacer es no construir más viviendas y así no vendrá más gente'. Bueno, pues no ha funcionado: han seguido viniendo y el problema se ha agravado.
Sin entrar en el plano legal, ¿lo de Metrovacesa fue una buena operación?
Con 300.000 euros por vivienda podrías ayudar a 10 familias con 30.000 euros para la entrada de su vivienda. Yo prefiero eso. En mi opinión no están bien administrados esos recursos. No entro en si está bien o mal hecho desde el plano legal porque no tengo ni idea, pero sí sé que esa inversión se tendría que haber orientado de otra manera para resultar más eficiente.