El PP de Marga Prohens concurrió a las elecciones del 28-M con un programa que incluía la revisión del suelo urbanizable entre las medidas destinadas a ampliar el parque habitacional y facilitar el acceso a la vivienda, propuesta en la que constantemente ha insistido el sector inmobiliario con los promotores al frente. El Banco de España ha allanado recientemente el terreno al nuevo Govern con un informe que avala estas políticas en regiones tan tensionadas por el problema habitacional como Balears.
El documento, elaborado por Lucio San Juan, del departamento de Análisis de la Situación Económica del BdE, concluye que ante el creciente desequilibrio entre la oferta y la demanda de vivienda, sería conveniente «revisar los procedimientos de gestión del suelo urbanizable para que la producción de viviendas pueda responder con más agilidad a las necesidades existentes».
Asimismo, en el artículo el autor argumenta que la evolución de la relación entre la oferta y la demanda de vivienda, ya de por sí tensionada a día de hoy, se verá agravada por los flujos migratorios, y cita previsiones del Instituto Nacional de Estadística (INE) que contemplan un aumento significativo del número de hogares de aquí a 2024.
Más tensionamiento
En este contexto, destaca que «cabe esperar una prolongación del tensionamiento en algunos mercados locales, dadas las cifras relativamente reducidas de visados de obra nuevas concedidos en los últimos dos años». Estos visados serán los que, aproximadamente, se reflejen en las viviendas acabadas de este año y el siguiente. La conclusión es que será un volumen de viviendas «insuficiente para la formación esperada de hogares».
Las pautas que señala el BdE se alinean con los planes del Govern en esta materia, plasmados en un programa que ya apuntaba a una nueva ley de vivienda que recoja «los cambios normativos precisos para el desarrollo de las medidas necesarias para facilitar el acceso a la vivienda» y «reformule» la legislación de 2020.
Asimismo, se contempla dotar de mayor autonomía a los ayuntamientos de cara a la aprobación de sus nuevos planeamientos urbanísticos municipales, así como para las eventuales revisiones y modificaciones del suelo urbanizable fijado. El objetivo es «reducir la tutela excesiva existente y la discrecionalidad de las demás administraciones» sobre los consistorios en lo tocante a esta materia y facilitar el camino hacia la liberación de suelo.
El Ejecutivo de Prohens, en especial el equipo de la consellera d'Habitatge, Territori i Mobilitat, Marta Vidal, ha estado diseñando las medidas que integran esta hoja de ruta a través de conversaciones con el sector inmobiliario de las Islas, desde los colegios de arquitectos y de aparejadores a los agentes de la propiedad inmobiliaria (API), pasando por las asociaciones de constructores y de promotores.
Precisamente, el presidente de este último colectivo, Luis Martín, abogaba la pasada semana en estas páginas por revisar el suelo desclasificado en años recientes. «Ha habido desclasificaciones más políticas o propagandísticas que otra cosa y deberían haberse mirado desde un punto de vista más técnico», señalaba para recalcar que «parte de este suelo podría ser rescatable y así se abarataría el existente».