El Parlament convertirá este martes en ley uno de los dos primeros decretos aprobados por el Govern: el que elimina la exigencia del catalán como requisito para puestos de medicina o efermería en la sanidad pública. Se aprobará con los votos del PP y de Vox, partidos que se han enzarzado en una polémica sobre el preámbulo (parte no dispositiva del acuerdo) que acompaña a la creación de la Oficina de Garantías Lingíísticas, un organismo que dirigirá Vox y al que podrán presentarse denuncias sobre discriminación por parte de las administraciones y otros organismos, como la propia Univesidad.
El texto sobre la oficina fue presentado directamente por Vox en forma de proposición de ley e incluye un preámbulo o exposición de motivos donde se describe un clima de persecución del castellano en Balears donde, según este partido, se estaría vulnerando, incluso la Constitución. La ley incluye un régimen de sanciones, del que Vox se muestra dispuesto a excluir a «los particulares» y «a las empresas», según dijo este lunes su portavoz, Idoia Ribas.
Todos los partidos de oposición están en contra del proyecto. Pero también el PP. Si, el pasado viernes, fue el portavoz parlamentario, Sebastià Sagreras, quien dijo que «este texto no nos gusta mi mucho ni poco», este lunes fue la presidenta del Govern, Marga Prohens, la que mostró su opinión.
«En en ningún caso es una iniciativa que comparta, ni cuyo contenido conociera previamente el Govern», aseguró para precisar que la oficina pactada por PP y Vox era «para garantizar la libertad lingüística en las dos lenguas oficiales» y que «yo no haré de la lengua una batalla de política lingüística ni para los unos ni para los otros». Prohens dijo que es un texto que «habrá que analizar» y que si no se retira, se presentarán enmiendas.
La propuesta no se retira
Vox no retira su proposición de ley, al menos eso es lo que declaró Ribas que aparentó en todo momento querer limar asperezas con el PP y que afirmó que «no existe ninguna crisis» ye que «en ningún momento se pone en cuestión nuestro apoyo al Govern». «De crisis, nada», afirmó la portavoz que resaltó que «es un proyecto solo de Vox y que, como cualquier otro proyecto está abierto a alegaciones y enmiendas». Y auguró un acuerdo.
Para el portavoz del grupos Socialista, Iago Negueruela, de las palabras de Ribas se desprende que «todo es un paripé» y que, al final, «el PP asumirá en este como en otros acuerdos, lo que defiende Vox». Según Negueruela, un preámbulo, aunque no forme parte del articulado de una ley, «es muy importante» y no es algo menor «como el propio Tribunal Constitucional recuerda». Para el socialista Vox y PP representan los mismo. Negueruela presentará este martes a la presidenta del Govern cómo valore que las diferentes lenguas se puedan utilizar en el Congreso.
Para Lluis Apesteguia, «el un claro ataque contra el Estatut y los acuerdos de la transición» y advirtió de consecuencia. El líder de Més pregunta a la presidenta Prohens en el pleno de esta mañana cuáles son sus propuestas en política lingüística.
Ambos partidos reiteraron su oposición a la supresión del catalán como requisito. La excusa para aplicarlo es que hay que «fidelizar» al personal sanitario y que el catalán es un impedimento. «Lo dicen si el más mínimo dato y admitiendo que no los tienen», aseguró el ecosoberanista.
Lo que preocupa a ambos partidos es que la eliminación del catalán como requisito se extienda a otras áreas. Es algo en lo que insistirán en sus intervenciones de esta mañana. En el PSIB y en Més se ve «con preocupación» que no ya respuestas claras cuando se pregunta a cargos del Govern y que se incurra en contradicciones. Vox defiende que lo de la sanidad sólo es el primer paso. Por otro lado, y con independencia de la tramitación de la Oficina de Garantías Lingüísticas, allá donde gobierna PP y Vox se está eliminando el carácter de lengua vehicular del catalán.