Uno de los baluartes del decreto de emergencia habitacional que aprobó este lunes al mediodía el Govern es la salida al mercado de alquiler y venta de las viviendas turísticas ilegales. Este es uno de los ingredientes de la receta de la consellera de Habitatge, Territori i MobIlitat, Marta Vidal, para conseguir precios asequibles tras la aprobación, este lunes, del decreto de emergencia habitacional aprobado en un Consell de Govern extraordinario. Su entrada en vigor se producirá tras su publicación, este martes, en el BOIB.
Entre las nuevas medidas que se dieron a conocer ayer está la de plantar cara al alquiler turístico ilegal, que supone «el 90 por ciento de la oferta», señaló la consellera de Habitatge, Marta Vidal. Aunque fuentes de su departamento advirtieron más adelante que esta cifra de «oferta clandestina», como la tildó Vidal, se refería a un cálculo del Consell de Mallorca realizado en 2020 en el área metropolitana de Palma. Serán los consells insulares los que tendrán que extremar la vigilancia de esta oferta turística irregular para clausurar su actividad.
Por otro lado, se concederá la cédula de habitabilidad a las viviendas que «tienen las condiciones para su habitabilidad mientras cuentan con elementos fuera de ordenación cuando la normativa no les obliga a restituirlos», explicó la consellera.
Además, también se podrán «resucitar los esqueletos de edificaciones que no se han terminado de construir» siempre que se destinen a vivienda de precio limitado. Podrán acceder a ella si tienen «la licencia de obras caducada, están en estado de ruina o cuentan con una inadecuación urbanística». Vidal aseguró que «no es una amnistía ni nada parecido».
El decreto ley también incluye la definición de alojamiento con espacios comunes complementarios, conocidos como coliving y cohousing, un nuevo tipo residencial que irá a destinado a colectivos como jóvenes, personas de la tercera edad, pero también sanitarios o profesores.
Entre las medidas del decreto que ya se conocían está la conversión de locales en vivienda (tanto en las plantas bajas como en primeros pisos), el alza de alturas en edificios y la división de viviendas existentes para crear nuevas viviendas de precio limitado. También se incrementarán las densidades máximas tanto de edificaciones existentes como parcelas sin edificar con usos residenciales plurifamiliares permitidos y unifamiliares entre medianeras. Por otro lado, permite la conversión de establecimientos turísticos obsoletos.
‘Burbuja inmobiliaria'
El PSIB-PSOE denunció que «el PP vuelve a amnistiar a todas las viviendas ilegales en suelo rústico». La diputada socialista Mercedes Garrido lamentó que Marga Prohens, presidenta del Govern balear, «vuelve a montar una burbuja inmobiliaria dentro del suelo rústico, el cual hemos de proteger».