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Prohens: tres meses para empezar un cambio que Vox pretende tutelar

Baleares ha sido la única comunidad autónoma en la que ganó el PP en las elecciones de mayo y el partido ultra ha quedado fuera del Ejecutivo

Reunión del Govern y Prohens (dcha.) en un pleno. | Jaume Morey

| Palma |

Han pasado cien días desde que el 7 de julio, Marga Prohens jurara, en sa Llonja, su cargo de presidenta del Govern. Su partido, el PP, había ganado ampliamente las elecciones autonómicas del 28 de mayo –aunque sin mayoría absoluta– y fue investida por el Parlament, en segunda vuelta y con el apoyo de Vox, el día anterior, 6 de julio. Es la segunda mujer que preside Balears. La primera fue su antecesora, la socialista Francina Armengol. Cien días después, o 101, tanto la presidenta, como el portavoz de su Govern y vicepresidente, Antoni Costa, aseguran que el cambio ha comenzado pero que todavía queda «mucho por hacer».

Primeros acuerdos políticos

Más allá de los nombramientos, el primer acuerdo político del nuevo Govern llegó el 18 de julio. Ese día se aprobó un decreto por el que se eliminaba el impuesto de sucesión en herencias y donaciones entre cónyuges, padres e hijos, y abuelos y nietos. También se rebajaban los de transmisiones patrimoniales, que se eliminaba en los casos de compra de primera vivienda para jóvenes. Este decreto, que ahora se está tramitando como ley para incorporar modificaciones, es uno de los tres que se han aprobado. Los otros dos han sido el de actuaciones urgentes en materia de vivienda (el PP se pasó la campaña anunciando que ese era uno de los grandes problemas de Balears que habían quedado sin resolver por la izquierda) y uno que se refiere a dos asuntos aparentemente desconectados: el que permite extender la gratuidad en la educación Infantil de entre cero y tres años y el que da facilidades para cubrir puestos sanitarios y que incluye la eliminación del catalán como requisito para ocupar plazas.

Lengua y relación con Vox

Varias comunidades cambiaron de manos en las elecciones de mayo. Pero sólo en Baleares llegó el PP a la Presidencia sin dar entrada a Vox en el Govern. Pero ambos partidos suscribieron un acuerdo de 110 puntos redactados al gusto de Vox. Y que recogía, en la mayoría de los casos sin concretar, la posición que este partido defiende en cuestiones lingüísticas, tanto en lo que se refiere al uso del catalán en la Administración (Vox quiere extenderlo a toda la función pública) como en la educación, donde este partido quiere extender la libre elección de lengua a todo el ciclo educativo. El pacto incluye que el partido ultra dirigirá la oficina de derechos lingüísticos.

El PSIB resiste

Las elecciones, y la formación del nuevo Govern, hubieran podido representar una tragedia para el PSIB después de 8 años de gobierno de no ser porque Pedro Sánchez convocó elecciones generales tras analizar el resultado de las autonómicas. Las otras veces que el PSIB perdió el Govern entró en crisis. En esta ocasión no y ni siquiera ha renunciado a gobernar en 2027. Francina Armengol, con cargo estatal, definirá la estrategia.

Leyes que cambiarán

Salvo la modificación de la ley de función pública para suprimir el requisito de catalán en la sanidad, el Govern todavía no ha iniciado la fase «derogatoria». En su programa, pactado con Vox, está la supresión de la Ley de Memoria Democrática. Pero mantendrá la llamada ‘ley de fosas', tan vinculada a la anterior. No ha llegado la reforma de la ley turística y ni siquiera ha tumbado la moratoria. La oposición habla de ambigüedad calculada.

IB3 y Anticorrupció

La presidenta del Govern ha echado en cara más de una vez al PSIB que insista en proponerle políticas del pasado, «que ya han sido rechazadas por las urnas». El PSIB viste estas propuestas de ofertas de pacto. El nuevo Govern de Marga Prohens ha dado en las últimas semanas dos señales de que romperá con el pasado: una el relevo en la dirección de IB3 (que tendrá que esperar un mes) tras lograr la renuncia del anterior director general, elegido por el Pacte. La otra es la proposición de ley que el PP presentó el lunes para liquidar la Oficina Anticorrupció, que se creó en 2016 a propuesta de Podemos.

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