La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha querido dejar claro este jueves su compromiso con la defensa de las dos lenguas oficiales de las Islas: el catalán y el castellano. Para ello, ha realizado parte de su intervención en el pleno del Senado en catalán y ha defendido la riqueza de ambas. Prohens ha tenido este gesto en plena crisis con Vox, precisamente, por la lengua. El PP se negó a votar a favor de la proposición no de ley de la formación liderada por Santiago Abascal para que a partir del próximo curs, pudiera elegirse lengua –catalán o castellano– en el primer ciclo de Primaria y, luego, de manera progresiva extenderla el resto de la etapa escolar. Esto supuso que Vox votase en contra del techo de gasto y no se pudiese aprobar.
Prohens, que ha intervenido en la Cámara Alta en un pleno monográfico sobre la amnistía, también ha concluido su intervención en catalán. «Seguiremos defendiendo el estado de las autonomías y la Constitución, el diálogo, los consensos y las diferencias. Y el respecto por todas las comunidades autónomas y que somos un país libre y de ciudadanos iguales». En este punto, ha reclamada «la necesidad de compensar la insularidad y un financiación justa que respecte nuestra autonomía fiscal», pero ha precisado que «siempre desde la lealtad institucional».
Rechazo tajante a la amnistía
La presidenta del Govern balear también ha expresado su rechazo tajante a la amnistía. En este punto ha recordado los hechos sucedidos en Cataluña desde el año 2017 y los ha calificado como «un golpe a la legalidad, que fue condenado por el Tribunal Supremo como delito de sedición con penas de entre 9 y 13 años de cárcel para los líderes del Procés que fueron juzgados. Otros ni tan siquiera pudieron ser juzgados, al huir del país, convirtiéndose en prófugos de la justicia».
Prohens se ha mostrado muy crítica con el Gobierno de Pedro Sánchez y le ha recriminado los indultos «por la conveniencia de mantener su pacto de investidura». En este punto ha añadido que «ahora, después del castigo de los ciudadanos, que el pasado 23 de julio relegaron a segunda fuerza al Partido Socialista, el presidente en funciones y candidato a la investidura se dispone a negociar un nuevo límite, negociando y defendiendo ya abiertamente una amnistía a todos los procesados por ese golpe a la legalidad en Cataluña».
A su modo de ver, se trata de «una amnistía que va mucho más allá de indultar una pena, sino que supone ir en contra de la separación de poderes, ir en contra de nuestro Estado de Derecho e ir en contra de nuestro consenso constitucional. Ya no hablamos de perdonar el castigo previsto por nuestro código penal, hablamos de desautorizar a los jueces, hablamos de deslegitimar nuestro ordenamiento jurídico e incluso de negar la gravedad de lo que ocurrió. Hablamos de un trato de favor de un grupo de personas, de un trato desigual ante la ley, por el único motivo de que Sánchez necesita su voto para seguir en el poder. Sin otro convencimiento ni principio que el de mantenerse en el poder a cualquier precio».
Para concluir, ha manifestado que «en ese marco no cabe una amnistía a quienes se han saltado la ley, ni caben tratos de favor, ni caben condonaciones ni sistemas de financiación a la carta solo para unos pocos, mientras otros pagan la factura».