Continúa el revuelo por la segregación de las aulas en función de la lengua vehicular de la enseñanza (castellano o catalán). Es uno de los puntos del acuerdo entre el PP y Vox que permitió investir a Marga Prohens presidenta de la comunidad. Sin embargo, la medida ha causado rechazo entre gran parte del sector educativo. Este sábado, una veintena de entidades -entre las que se encuentran Més per Mallorca, FAPA Mallorca, el sindicato UGT Ensenyament o la Obra Cultural Balear, entre otras- han firmado un manifiesto pidiendo a Prohens que renuncia a la medida.
Las entidades aseguran que La segregación lingüística resulta incompatible con el arte. 135.1.e de la Ley de educación de las Illes Balears, que consagra como principio del modelo lingüístico educativo la no discriminación y no separación de los alumnos en centros o grupos-clase por razones de lengua. «Separar a los niños por motivos idiomáticos constituye una aberración pedagógica y abre la puerta a la fractura social y cultural ya la división de la sociedad en dos comunidades lingüísticas diferenciadas», inciden en el escrito.
Además, apuntan que esta segregación lingüística haría del todo imposible alcanzar el objetivo de adquirir una competencia comunicativa plena en las dos lenguas oficiales, al finalizar el período de escolarización obligatoria, tal y como se establece en la Ley de normalización lingüística y la Ley de educación de las Islas Baleares. El cumplimiento de este punto del acuerdo, mantienen, «comportaría romper el consenso y destruir el modelo lingüístico educativo vigente en los últimos veinticinco años, impulsado en su momento, paradójicamente, por un gobierno del Partido Popular». Por tales motivos, las entidades piden a la presidenta Prohens que acepte el ofrecimiento de PSIB, Més por Mallorca y Més por Menorca para aprobar el techo de gasto, imprescindible para tramitar los presupuestos de la comunidad autónoma, a cambio de renunciar a la segregación de nuestros niños por razones de lengua.
Un coste de 120 millones de euros
El sindicato UGT ha realizado un cálculo preliminar del coste de la segregación de alumnos por aula en función de su legua vehicular, que podría rondar los 120 millones de euros. Este cálculo tiene en cuenta el coste medio anual de un profesor, que es de aproximadamente 46.000 €, (incluidos salarios, costes de seguridad etcétera), y la duplicación de aulas y profesorado que serían necesarias para implementar la medida.
La cifra, insisten desde el sindicato, no incluye la inversión en infraestructuras que sería necesaria, lo que aumentaría exponencialmente el coste total de una medida totalmente innecesaria y contraria al sentir mayoritario de la sociedad de las Islas Baleares y de la comunidad educativa. Con ironía, Tino Davia, secretario del sector de Enseñanza, ha expresado: «UGT lleva reivindicando la reducción de los ratios en las aulas así como la reducción de la carga lectiva del profesorado desde hace mucho tiempo, pero consideramos que no es necesario llegar al extremo de tener un profesor para tres alumnos para que su lengua sea el castellano».