El pleno del Parlament convalidó este miércoles, con los votos del PP y Vox y el rechazo de la izquierda, el decreto que incorpora las primeras medidas del Govern para «solventar el problema de la vivienda» y que ahora se tramitará como ley para ampliar las actuaciones previstas.
La norma facilita el cambio de uso de locales comerciales y oficinas para que tengan uso residencial, permite dividir pisos que ya existen (aunque sin modificar la superficie mínima para construir) y autoriza crecimientos en altura, además de reconvertir establecimientos turísticos en desuso. Son, precisó la consellera d'Habitatge, Marta Vidal, «actuaciones temporales» con la intención de incentivar el alquiler. Igualmente prevé la cesión de terrenos públicos a la iniciativa privada para una nueva fórmula de vivienda protegida.
Desconfianza
La oposición desconfía e interpreta que sólo responde a las demandas de los grupos de promotores. En una pregunta previa al debate, el diputado socialista Marco Antonio Guerrero, acusó a la consellera Vidal de ser «el caballo de Troya de los promotores en el Govern.
Mercedes Garrido, por este mismo partido, Ferran Rosa por Més per Mallorca, Josep Castells, de Més per Menorca, y Cristina Gómez, de Unidas Podemos, criticaron la propuesta y que el Govern no fuera capaz de aclarar cuántas viviendas hacen falta.