«Somos conscientes de que la Ley de Bienestar Animal es una ley que cede competencias y responsabilidades a los ayuntamientos pero no les da dotación económica. Por eso sabemos de las dificultades que tienen los municipios para poner en marcha todas las medidas. No es factible, por falta de recursos que puedan identificar, castrar y vacunar a todos los gatos callejeros». La Conselleria d'Agricultura, Pesca i Medi Rural sale en defensa de los alcaldes que piden ayuda supramunicipal urgente para poder cumplir con la nueva norma ante el temor de que empiecen a producirse denuncias por no acatarla.
«La Ley de Bienestar Animal es una ley de la que no formamos parte de su redacción y, a día de hoy, aún no se ha desarrollado su articulado y marco jurídico en toda su extensión. Desde la Conselleria se está trabajando en un documento para facilitarlo a los ayuntamientos. En ese documento se delimitan bien cuáles son sus obligaciones y responsabilidades y se les explicn los mecanismos y actuaciones a realizar pero, insistimos, no se puede ceder competencias y pedir responsabilidades a los municipios con una ley que no les dota económicamente para llevarlas a cabo», añaden fuentes del Govern.
A falta de que se desarrolle mediante un reglamento, la Ley de Bienestar Animal que entró en vigor hace poco más de un mes, deja en manos de las comunidades autónomas el control de las infracciones a la normativa.
Cabe recordar que la nueva Ley de Bienestar Animal obliga a los ayuntamientos a hacerse cargo de todos los gatos callejeros, identificarlos con un microchip, castrarlos, vacunarlos y alimentarlos en colonias especialmente habilitadas. A día de hoy solo el Ajuntament de Palma cuenta con veterinarios municipales. El resto recurren a veterinarios colaboradores o bien a Natura Parc, la empresa que ofrece el servicio de recogida de animales abandonados a la mayoría de los ayuntamientos de Mallorca.
Los alcaldes y alcaldesas han dado la voz de alarma y piden ayuda supramunicipal para poder cumplir una norma que calculan que multiplicará el gasto medio anual de 50.000 euros que tenía hasta ahora la recogida de animales abandonadoa y el control de colonias felinas. Hay además un problema añadido, una vez se les ponga el chip el ayuntamiento será el responsable legal de todos los animales identificados que pasarán a tener la consideración de gatos comunitarios. El Consistorio sería así el responsable civil en la reparación de los daños que estos gatos pudieran ocasionar a terceras personas.
El presidente de la Federació d'Entitats Locals de les Illes Balears (FELIB) y alcalde de Maria de la Salut, Jaume Ferriol, ultima la convocatoria de una reunión extraordinaria urgente para tratar esta problemática. Se prevé que además de los alcaldes y alcaldesas asistan a la misma representantes del Govern, del Consell y del colegio de veterinarios. «Confiamos en poder hacerla a mediados de la semana próxima», dice.
Hacen leyes que ni los mismos políticos pueden cumplir, pero ellos no pagaran las multas que a los ciudadanos les haran pagar.