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Canarias volverá a tener el transporte gratis en 2024 y Balears pide lo mismo

El acuerdo entre Pedro Sánchez y Coalición Canaria incluye mantener estas subvenciones

Autobuses del TIB en la estación intermodal. | M. À. Cañellas -

| Palma |

Los ciudadanos de Canarias volverán a tener el transporte gratuito durante todo el año que viene gracias al acuerdo de investidura de Pedro Sánchez que ha firmado el PSOE con Coalición Canaria. El partido canario ha anunciado que mañana votará a favor de la investidura del candidato socialista a cambio de una serie de cesiones a Canarias.

Se trata de un acuerdo específico para aquellas islas, en el que no se menciona la posibilidad de que estos acuerdos afecten a Balears. El texto menciona de forma expresa la ampliación al 100 % de la bonificación «para guaguas y tranvías» sin límites, en las mismas condiciones que el transporte de cercanías en la península. Eso significa que se bonificarán los abonos de transporte y no los billetes sencillos, es decir, exactamente las mismas condiciones que tiene ahora Balears.

Este acuerdo vincula a Pedro Sánchez con Canarias, pero no con Baleares. En este caso, se aplicaría el acuerdo firmado entre Sumar y PSOE, donde se habla de mantener las bonificaciones que operan en la península, pero no la gratuidad al 100 %. En el caso del acuerdo PSOE-Sumar, se añade la coletilla de que la subvenciones se concederán «con la cofinanciación de las comunidades autónomas y la administración local».

El  Govern exigirá que las ayudas para Canarias se extiendan también a Baleares, si bien precisa que la gratuidad debe llegar bien financiada. El coste total de la gratuidad del transporte en los medios que dependen del Govern es de 43 millones de euros. Hasta la fecha, han llegado 32,25 millones de euros, pero el dinero llegó hace poco. En cualquier caso, el Govern insiste en que la partida asignada para tren y metro, de 14,6 millones de euros, será insuficiente para compensar la pérdida de ingresos en 2013. La previsión que ha hecho el Govern es que la operación tendrá un coste de 18 millones a lo largo del año, por lo que el Ejecutivo perderá unos tres millones.

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