Los bancos y fondos buitres que acumularon un inmenso parque inmobiliario gracias a los desahucios en plena crisis del ladrillo se están desprendiendo de la mayor parte de sus activos. El Govern de Francina Armengol aprobó una ley para poder expropiar esos pisos que llevaban más de dos años vacíos y, a partir de ese momento, los grandes tenedores comenzaron a desprenderse de las viviendas para no cederlas al Govern.
El resultado es que la cifra de 1.400 viviendas vacías que llegó a haber en el registro obligatorio de Balears ha ido menguando en estos cuatro años y ahora solo son 544, una pequeña cantidad frente a las más de 100.000 viviendas vacías que ha contabilizado el INE en Balears. El descenso ha sido progresivo todos estos años y el registro de viviendas vacías cayó de 1.400 en 2019 a 1.007 un año después. De esa cifra pasó a 721 en octubre de 2022. El último dato actualizado que dispone la Conselleria d'Habitatge es del 31 de octubre de este año: 544 viviendas. En Mallorca hay 451 y el resto están en Menorca (69) y en Eivissa (24).
Nueva aplicación
Para el próximo año, una de las actuaciones previstas por la Direcció General d'Habitatge es la mejora de la gestión del actual registro de viviendas desocupadas. Se incluye una partida de 50.000 euros para implantar una aplicación informática que ayude a sistematizar el registro de forma ágil y actualizada. La expropiación a los grandes tenedores que marca la ley no supone que el Govern se quede con la propiedad de estos pisos, sino que se puede quedar con el uso de las viviendas que estén vacías al menos durante dos años.
Los grandes tenedores que tengan más de diez viviendas en esas condiciones tienen la obligación de incluirlas en el registro de pisos vacíos. A partir de ese momento, el Govern puede expropiar el uso de estas viviendas por un periodo de siete años y cederlas en alquiler en los paquetes de alquiler que ofrece el Ibavi. El Govern paga al banco un justiprecio por esa vivienda que ha expropiado.
Poco efectiva
Sin embargo, la realidad de este novedoso programa es que ha servido para poco. En el año 2020, el Govern incluyó en los Presupuestos una partida de 2 millones de euros para hacer frente a estos pagos de expropiación a grandes tenedores. De la transferencia que se aprobó ese año, sólo se ejecutaron un total de 434.381 euros. Tras la transferencia de 2020 para expropiaciones a grandes tenedores, no hay constancia de más transferencias al Ibavi por este concepto y tampoco se ha reservado una partida en los Presupuestos de 2022 ni de 2023.
Los Presupuestos del año que viene, los primeros que ha aprobado el Govern de Marga Prohens, tampoco incluyen una partida para este propósito. De hecho, en todo este periodo de vigencia de la ley, el Govern solo ha conseguido 16 pisos por esta vía, según detalló el anterior conseller Josep Marí hace un año. Reconoció que ha habido problemas por la complejidad del proceso y que el Govern había hecho «lo que ha podido».
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