Balears es la tercera comunidad autónoma en la que más desahucios se llevan a cabo en relación a su población aunque, por ahora, el número de personas desalojadas de sus inmuebles se mantienen en las cifras más bajas de la series histórica de las estadísticas del Consejo General del Poder Judicial. En el tercer trimestre de este año fueron 188, un 26,6 por ciento menos que el registrado en el mismo periodo de 2022. Y se mantienen monopolizados por los alquileres: 157 lanzamientos fueron consecuencia de procedimientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), mientras que 16 lo fueron por hipotecas; el resto responden a otras causas. Las ejecuciones hipotecarias ni suben ni bajan. El incremento de los tipos de interés tampoco se traduce en un incremento notable de las demandas por impagos por parte de los bancos.
Los datos económicos trimestrales del Poder Judicial confirman otra tendencia del último año: el aumento enorme en el número de ciudadanos que se declaran en concurso para optar a los beneficios de la segunda oportunidad. Solo en el tercer trimestre fueron 199 los que se instaron. Mientras tanto, los que tienen que ver con situaciones de insolvencia de empresarios y de sociedades bajan de forma drástica: un 47 por ciento en lo que tiene que ver con mercantiles. La cifra que desentona es el repentino incremento de las demandas por despido en Baleares, que crecieron un treinta por ciento, hasta las 721 en tres meses.
En el verano cayeron hasta 19 el número de demandas totales presentadas para echar a okupas de viviendas por parte de ciudadanos, una bajada desde las 48 del trimestre anterior, aunque Baleares sigue siendo la comunidad con una tasa más alta de este tipo de procedimientos de todo el país:1,6 por cada cien mil habitantes.