El presupuesto del Govern balear del año que viene contará con una partida de 20 millones de euros para desarrollar el plan piloto voluntario para que los centros sostenidos con fondos públicos que lo decidan puedan permitir que las familias elijan si sus hijos estudian en castellano o catalán; si bien la ley exige que un mínimo de un 50 % de las materias deben ser impartidas en catalán. Esta petición de Vox ha sido una de las más polémicas que el PP ha tenido que aceptar para poder sacar adelante sus cuentas. Todavía tienen que ser validadas por el Parlament, pero, en la práctica, el plan lingüístico ya tiene una partida concreta, a pesar de las incógnitas que hay sobre cómo se desarrollará a partir del próximo curso.
El propio portavoz del PP, Sebastià Sagreras, reconoció este lunes que no estaban de acuerdo con la partida de 20 millones para la elección de lengua porque, como ya ha dicho el conseller d'Educació, Antoni Vera, todavía se desconocen cuántos centros querrán sumarse al plan. Sin embargo, los ‘populares' han tenido que ceder ante esta y otras exigencias al asumir que están en minoría.
Llevar a cabo el plan piloto solamente se puede hacer de dos maneras: o bien segregando alumnos en función de la lengua que estudien los alumnos, o que en una misma clase se dé en dos aulas y en castellano y catalán, a la vez. En algunos casos, esto podría implicar incluso tener dos profesores en una misma aula para impartir el mismo temario en dos idiomas. El próximo curso habrá dinero para ello.
Vera ha dicho en diversas ocasiones que no se segregará por razón de lengua y que se respetará la normativa lingüística vigente, que no modificará. De este modo, los centros adheridos al plan deberán de respetar siempre la enseñanza mínima de un 50 % en catalán. Esto es algo de lo que desconfían las entidades de la comunidad educativa pública, desde sindicatos a asociaciones de familias y de directores e inspectores. Dudan, precisamente, porque en la actualidad hay muchos centros, básicamente concertados, en los que no se garantiza este mínimo en catalán. De hecho, la realidad en los centros, tanto públicos como concertados, es que los alumnos, en su mayoría, se comunican en castellano, mientras que los únicos que hablan en catalán son los docentes. Una situación que se agravará en los centros que se sumen al plan, según las entidades citadas. La polémica elección de lengua, además, nace de Vox, puesto que ninguna familia lo había pedido.
Como la financiación del plan se estuvo negociando hasta ayer y aún no está totalmente ratificada, en la Conselleria d'Educació no se ha tratado a fondo esta cuestión. Cuánto se destinará y cómo se abordará el plan sigue estando en el aire. En parte, es algo previsible, puesto que se trata de una medida que se empezará a aplicar el curso que viene.