«La discusión no es si mascarilla sí o mascarilla no, porque Balears acatará la decisión de la ministra de Sanidad», advierte la consellera de Salut, Manuela García. «Eso sí, estudiaremos jurídicamente si se ha saltado la legalidad del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud», añade.
Los usuarios de los centros de salud y hospitales, tanto públicos como privados, deberán ponerse la mascarilla de forma obligada, una medida impopular porque recuerda a una pandemia que se quiere olvidar, y que se toma sin fecha de caducidad, y «de una manera absolutamente unilateral» cuando la situación epidemiológica de las comunidades difiere mucho, unas a otras.
Baleares había pedido que las medidas de prevención se tomaran en función de criterios científicos de circulación del virus, recordando que en las Islas es donde menos contagios hay. Aunque cabe recordar que la gran mayoría de sanitarios sí pedían que se impusiera esta medida al demostrarse efectiva y para frenar, en cierta manera, el anunciado incremento de casos.
Pese a todo, «no discutimos el uso sino la forma de actuar», añade la consellera que señala que se ha roto la cogobernabilidad entre las comunidades y el Ministerio. En cualquier caso, «si se ha saltado la legalidad tomaremos medidas, si son oportunas», advierte.
García ha explicado la relación de acontecimientos desde que el pasado lunes se les citara en un Consejo Interterritorial extraordinario en el que destacaron dos medidas: recuperar la obligatoriedad de la mascarilla en centros sanitarios y las autobajas médicas de menos de tres días para aliviar la Atención Primaria.
Si bien finalmente se ha aprobado el primero de los supuestos; el segundo punto ha decaído a la espera de discutirlos con otros sectores afectados como son patronales y sindicatos.
En esta discusión, la ministra Mónica García ha recogido una de las aportaciones de Baleares como es reformular la campaña de vacunación para que sea más inmediata, atractiva y sin necesidad de cita previa.
El Govern estudiará su legalidad, dice. Pues no hace falta que estudien mucho, ya se lo digo yo: imponer eso es COMPLETAMENTE ILEGAL. Exactamente tan ilegal como el confinamiento domiciliario al que nos sometieron en varias ocasiones durante la plan-demia. Y eso lo ha sentenciado el Tribunal Constitucional.