El Govern ha empezado a reclamar a empresas de la comunidad la devolución de las ayudas concedidas para cubrir las pérdidas ocasionadas por la pandemia en los casos en que ha dictaminado que las subvenciones no habían sido correctamente justificadas.
Se trata del siguiente paso de un proceso que inició el anterior Ejecutivo balear, después de las elecciones autonómicas del 28 de mayo y cuando se encontraba ya en funciones. En ese momento, se procedió a una revisión exhaustiva de las ayudas concedidas hace ya casi tres años para hacer frente a los estragos económicos de la COVID y se remitió a los empresarios un requerimiento para que presentaran documentación complementaria que acreditara que las concesiones estaban plenamente justificadas.
Las conselleries de Hisenda y de Model Econòmic aprobaron en mayo de 2021 el reparto de las partidas entre las empresas de las Islas que las solicitaran. Dichas subvenciones ascendían a un montante global de 855 millones de euros procedentes de fondos estatales. Baleares y Canarias fueron las dos únicas comunidades en repartir el 100 % del dinero.
La Dirección General d'Empresa del Govern actual -adscrita a la Conselleria d'Empresa, Ocupació i Energia del Govern actual- es quien está solicitando ahora la devolución de las ayudas a determinadas empresas, las cuales empezaron a recibir dichas misivas antes de las fiestas navideñas.
La situación ha generado la indignación de los empresarios contactados y la del Colegio de Auditores de Cuentas de Baleares, que meses atrás ya calificaron la revisión de un «sinsentido» que «deja en mal lugar a los auditores y nuestro trabajo delante de nuestros clientes» y se quejaron el clima de inquietud y de inseguridad jurídica que se estaba generando con ello.
De hecho, el Colegio de Auditores remitió el pasado noviembre al conseller d'Empresa, Ocupació i Energia, Alejandro Sáenz de San Pedro, para expresar su «sentimiento de contrariedad» por las revisiones y pedirle que se suspendiera cualquier tramitación de reintegros de las subvenciones hasta que la situación no fuera estudiada por una comisión mixta que integrara a representantes de los propios auditores.
La misiva remitida a la Conselleria d'Empresa por la delegación balear del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España (ICJCE) incluía múltiples objeciones al proceso de revisión de las ayudas. En el documento se expresaba el «asombro» de los auditores ante «ciertas posiciones de la actual Direcció General d'Empresa», lo que lleva a manifestar su «absoluta oposición» a la fiscalización de unas ayudas que contaron con el consenso de todos los órganos participantes en el decreto ley que aprobó las partidas.
Asimismo, se enfatiza el carácter único e insólito de la situación que se estaba viviendo con la pandemia, lo que generaba dificultades añadidas por no contar «con apenas antecedentes jurídicos para la correcta interpretación de muchos hechos económicos que generaban sudas sobre la elegibilidad del coste subvencionable».
Por otro lado, la Sindicatura de Comptes auditará paralelamente la concesión de las ayudas, una actuación al margen de las que se están llevando a cabo por parte del Govern.
El malestar ha ido creciendo en las últimas semanas, hasta el punto de que los auditores se reunieron el pasado viernes para trazar una estrategia y un frente común en todo este conflicto. Por lo pronto, los ánimos se han calmado después de la intervención directa del conseller Sáenz de San Pedro, quien el mismo viernes contactó con los auditores para transmitirles su compromiso de sentarse a la mesa para estudiar conjuntamente el problema. La intención es que esta misma semana los representantes del Colegio se reúnan con miembros de Intervención General de la CAIB, integrada en la Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació de Antoni Costa.