El portavoz adjunto del PSIB-PSOE en el Parlament, Marc Pons, ha pedido la dimisión de la consellera de Vivienda, Territorio y Movilidad, Marta Vidal, a quien ha acusado de vertir «amenazas y denuncias falsas» sobre al anterior Govern en relación a la compra de Metrovacesa. Así se ha expresado Pons en declaraciones a Europa Press tras conocerse, este martes, el archivo por parte de Fiscalía de la denuncia sobre la compra de los pisos de Metrovacesa durante la etapa de Francina Armengol.
«Vidal ha lanzado una acusación gravísima contra el anterior Govern de corrupción, trasladando el expediente para desviar la atención en relación a lo que supone la decisión de no adquirir la promoción de Metrovacesa y favorecer de esta manera que el fondo de inversión sea quien se quede con la propiedad», ha explicado el socialista.
En esta línea, ha asegurado que esta actuación representó beneficios «de más de ocho millones de euros para este fondo, con el que la consellera tenía relaciones previas en su época como profesional liberal». Por tanto, ha opinado Pons, la de Vidal «representa una acusación falsa sobre el anterior Govern hasta llegar al punto de remitir el expediente a Fiscalía como estrategia para desviar la atención».
«Creemos que Marta Vidal debe dimitir», ha sentenciado el portavoz adjunto, recordando también que, en su momento, el PP se negó a crear una comisión de investigación sobre esta cuestión. Por tanto, «ante la ocultación de información, ante las amenazas vertidas y las denuncias falsas de la consellera respecto al anterior Govern, y por haber beneficiado de manera directa a un fondo de inversión, lo que le toca, si tiene un mínimo de responsabilidad democrática, es presentar su dimisión», ha concluido Pons.
De su lado, el portavoz parlamentario de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia, ha pedido, a través de un mensaje publicado en la red social X, explicaciones «inmediatas» a la consellera. «Tiene que dar explicaciones inmediatamente. Esta forma de hacer política a base de insinuaciones y cortinas de humo es inaceptable», ha escrito Apesteguia en redes sociales, recordando también el rechazo del PP a crear una comisión de investigación sobre este asunto, como se solicitó desde MÉS.
Vamos a ver. La Comisión Europea avisó a la Junta de Andalucía que la ley de regadíos del entorno del Parque de Doñana contravenía la legislación europea y que, por lo tanto, si se aprobase esa ley en el Parlamento Andaluz (donde el PP tiene mayoría absoluta) iban a responder con su patrimonio personal de todo el daño que se causara a Doñana. ¿Qué pasó? Pues que no se tramitó esa ley. Sería fantástico que sus señorías y políticos de turno tuvieran que responder con su patrimonio personal al daño que causen al ciudadano. No, la Administración, no, no. Ya veriamos a los alcaldes, concejales, y en definitiva, los cargos electos de todos los colores andar con pies de plomo a la hora de legislar y denunciar al contrario. Lo que pasa es que si les sale mal la jugada ellos y ellas no pagan nada, todo lo pagamos de nuestros bolsillos (abogados, procuradores, etc.), se quedan tan anchos, no dimiten por los errores cometidos.