El sector oficial de Vox había alertado a la dirección nacional del partido de que los críticos de la formación buscaban provocar una escisión. Es una de las cuestiones que figuran en el expediente disciplinario confidencial que se abrió a los cinco diputados y que finalmente ha quedado en nada tras la firma de la paz entre los dos bandos, un paz forzada por Madrid.
El documento de la primera resolución del comité de garantías, fechado el 31 de enero, dos días después del golpe de los rebeldes contra sus compañeros, señala que los diputados comenzaron a funcionar «sin consultar, sin informar y al margen de la dirección nacional» a raíz del rechazo al techo de gasto y actuaron «primero en contra de las instrucciones del Comité Ejecutivo Nacional y después ignorando las mismas».
El expediente recoge las denuncias presentadas por Gabriel Le Senne y Patricia de las Heras y señala que, en los meses previos a su actuación, intentaron organizar reuniones con los órganos provinciales «saltándose los cauces orgánicos». «Ello demuestra que no se trata de una necesidad de recabar información, sino de una materializada escisión de parte de grupo parlamentario, que quiere actuar de manera autónoma a las indicaciones del partido que representa», añade el expediente.
En contra de Madrid
El documento desvela que los diputados cesaron de su cargo a la coordinadora del grupo parlamentario y al diputado Xisco Cardona sin que la dirección nacional tuviera conocimiento de ello. El expediente detalla cómo se produjo el intento de golpe contra el president del Parlament, Gabriel Le Senne, y la presidenta del partido, Patricia de las Heras y asegura que todos los movimientos que hicieron «podrían ser constitutivos de la vulneración de sus deberes y obligaciones como afiliados», además de ser sancionados.
«Los hechos relatados son muy graves, así como el mantenimiento de su actividad en el tiempo», señala el documento del comité de garantías. Añade que el comportamiento de los diputados es «público y notorio» que estaba causando «un importante menoscabo de la imagen del partido, al haberse hecho eco de los mismos gran parte de los medios de comunicación de ámbito nacional».
Debido a la gravedad de esta actuación, el comité de garantías proponía la expulsión del partido y la suspensión cautelar de militancia mientras se estudiaba el expediente. Dio cinco días a los cinco diputados rebeldes para que presentaran alegaciones contra la suspensión cautelar de militancia, algo que hicieron los cinco. Sin embargo, a la espera de concluir el expediente y determinar su expulsión, el partido decidió no atender sus alegaciones y dejarles con la militancia suspendida.
Finalmente, un acuerdo de última hora entre las dos partes, puso fin al expediente, que no llegará a tramitarse, y cerró la crisis, al menos en apariencia. Los cinco diputados volverán a sentarse mañana en el Parlament con la presidenta a la que intentaron expulsar en un intento por reconducir la situación en el plano político, algo que será mucho más complicado en el terreno personal.
La crisis de Vox vuelve mañana al Parlament balear, donde la presidenta Marga Prohens deberá responder a varias preguntas de la oposición sobre este tema. También hay una serie de preguntas del PSIB sobre transfuguismo a distintos consellers, que han quedado obsoletas después del perdón de la cúpula de Santiago Abascal a los diputados que se amotinaron en su contra.