No reclaman «quemarla y hacerla de nuevo», como hicieron el pasado fin de semana desde la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Baleares (PROINSA), pero desde la Asociación de Constructores de las Islas Baleares critican la arbitrariedad y el «fuerte componente subjetivo» de las decisiones que adopta la Comisión de Medio Ambiente de las Islas Baleares (CMIB) y exigen «cambios urgentes» en este organismo autonómico.
Los constructores muestran su «rechazo frontal» al funcionamiento y régimen jurídico de esta comisión y recuerdan que desde hace años vienen reclamando que debe regirse por criterios «exclusivamente técnicos». El «primer problema» que denuncian los constructores es la arbitrariedad de las decisiones que adopta la propia composición del comité técnico y «la falta de conocimiento en general» de los proyectos al tratarse de temáticas muy variadas. Además, los constructores critican que no exista la posibilidad de que las resoluciones puedan ser recurridas por el promotor o el responsable del proyecto. «Esto genera una enorme indefensión para el ciudadano», aseguran.
Por todo ello, los constructores solicitan al Govern «cambios urgentes» en la Comisión de Medio Ambiente que permitan «acabar con la arbitrariedad en su funcionamiento y se rija exclusivamente por criterios técnicos neutros, sin ninguna carga ideológica».
Por otra parte, los constructores piden eliminar «duplicidades, cumplir plazos y simplificar la tramitación», y advierten que hay muchos expedientes que podrían resolverse por parte de los técnicos municipales. Los ayuntamientos «deberían adoptar criterios similares» que permitan acortar las «injustificadas demoras que sufren los ciudadanos» y que supone un incumplimiento de la ley. En cuanto a las administraciones públicas, los constructores opinan que deberían adoptar un «compromiso» para resolver los expedientes en los plazos que establece la ley. El silencio administrativo positivo, plantean, obligaría a cumplir con los plazos. «Muchos de los problemas de seguridad jurídica se resolverían si las administraciones cumplieran los plazos legales», señalan los constructores.