La empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a las Empresas S.L que vendió mascarillas al Ejecutivo balear en los peores meses de la pandemia no tiene liquidez para hacer frente a la reclamación de 2,6 millones de euros por parte del Govern balear por la venta de mascarillas distintas a las reclamadas, lo que le supondría llegar a la situación de concurso de acreedores.
Así se desprende de una conversación telefónica que consta en el informe del Departamento de Investigación Económica y Anticorrupción de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil después de que agentes de este cuerpo hicieran un seguimiento exhaustivo, con grabaciones incluidas, a los presuntos implicados en la trama.
En una conversación entre Juan Carlos Cueto, empresario que estaría detrás de la empresa que obtuvo 54 millones de euros con el pelotazo de las mascarillas y al que se considera el cerebro de la trama, e Íñigo Rotaeche, apoderado de Soluciones de Gestión y Apoyo a las Empresas S.L., se hace referencia a las gestiones realizadas por Koldo García, chófer, escolta y asesor del exministro José Luis Ábalos, y se evidencia la preocupación por el hecho de que no haya una resolución por escrito en referencia al rechazo de la reclamación económica de 2,6 millones de euros y en la que se explique que el expediente queda extinto. Temen que, finalmente, se produzca el silencio administrativo negativo, lo que supondría continuar con el procedimiento, por lo que la reclamación proseguiría.
También, en otro punto del informe se revela que la empresa llegó a plantearse presentar un pleito al Govern balear si no se enviaba nada oficial al respecto. El mismo informe constata que Koldo García se jactaba ante sus socios de tener contactos tanto en el Govern de Francina Armengol como en el de Marga Prohens y que supuestamente presionó tanto a representantes del anterior Govern como del actual.
Las grabaciones de los agentes del Departamento de Investigación Económica y Anticorrupción de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil a los presuntos implicados en la trama muestran continuamente el enorme nerviosismo de los sospechosos ante la posibilidad de que el Ejecutivo balear siguiera adelante con la petición de devolución de 2,6 millones de euros. En estas mismas grabaciones, los investigados se muestran indignados con el hecho de que la reclamación la provocara el anterior Govern balear con la petición de devolución firmada el 6 de julio.