Un 12,1 % de la población menor de 18 años en Balears sufre pobreza severa. Esto significa que vive en un hogar familiar con ingresos por debajo del 40 % de la renta, es decir con menos de 300 euros al mes por persona, en un hogar de dos adultos y dos menores. En cifras, habría unos 25.000 niños, niñas y adolescentes del total de población joven (208.000), que padece la pobreza con especial intensidad, según los datos publicados en el último informe de AROPE sobre el Estado de Pobreza en España.
Si un menor vive en pobreza severa, significa que sus familias también lo están. Este colectivo es potencialmente beneficiario de solicitar prestaciones estatales, como el Ingreso Mínimo Vital (IMV) o el Complemento de Ayuda para la Infancia, o autonómicas, como la Renta Social Garantizada (Resoga). El IMV llegó a 9.215 hogares en los que viven 26.460 personas, según la última estadística publicada por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS).
De este total, casi la mitad de los beneficiarios son menores: unos 12.000 niños, niñas y adolescentes. A esto, se suma que unas 5.310 personas reciben el Complemento de Ayuda para la Infancia (CAPI), una ayuda de 115 euros al mes en el caso de niños de 0 a 3 años; 80,5 euros al mes por cada niño entre 3 y 6 años; o 57,5 euros al mes por cada menor de entre 6 y 18 años. ¿Qué pasa con la Resoga? Los últimos datos facilitados por la Conselleria de Família i Afers Socials muestran que 943 familias con menores reciben esta prestación social de un total de 2.747 perceptores. A fecha de septiembre de 2023, la prestación llegó a 2.781 familias y benefició a 5.500 personas.
Así las cosas, si sumamos las familias con menores beneficiarias del IMV y de la Resoga, se puede observar que dichas ayudas sociales llega solo a poco más de la mitad de esta población infantil afectada por la pobreza severa. Una de las razones que explicaría este hecho es que parte de las familias con niños en situación administrativa irregular no consiguen acceder a la prestación del IMV. Entre los requisitos, el solicitante debe demostrar un año de residencia legal. En cuanto a la Resoga, basta con demostrar el empadronamiento, pero tampoco cubre a toda las familias vulnerables con niños a pesar de ser un derecho subjetivo: una prestación que no está sujeta a la disponibilidad presupuestaria.
¿Cuál sería otra de las razones? Los expertos señalan que la información de estas prestaciones no llega completa y de forma sencilla a la población perceptora. Según la última publicación de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), de junio de 2023, el 58% de los hogares potencialmente beneficiarios de esta prestación en España no la solicitaron. Por comunidades, el informe señala que la tasa de personas que no pidieron el IMV –y sí podrían–, es del 72 % en Balears, la tasa más alta. El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones trabaja con iniciativas para reducir la incidencia, sobre todo de la pobreza infantil.
Factores de la pobreza
El director técnico de la EAPN en Balears, Andreu Grimalt, explica que uno de los factores que incrementa el riesgo de sufrir pobreza es tener menores a cargo. Sin embargo, recuerda que «las prestaciones sociales no sacan a nadie de la pobreza relativa, pues sus importes están muy vinculados al umbral de la pobreza severa».
La pobreza infantil (no severa) afecta al 22,5 % de los niños, niñas y adolescentes del Archipiélago, un descenso de 4,5 puntos si lo comparamos con los del año 2022. A pesar de la mejora, el grupo de edad 0 a 18 años registra la tasa más alta en comparación con otros grupos de edad. «España sigue sin tener una prestación universal para familias con hijos a cargo, mientras que la mayoría de los países de la Unión Europea sí tienen», defiende Grimalt.
Si bien el Ministerio de Derechos Sociales anunció recientemente la tramitación de la ayuda, todavía es una propuesta que queda en el aire mientras el resto de Europa sigue disminuyendo con creces la tasa de pobreza infantil. La propia Plataforma de Infancia y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) pidió a España aplicar esta medida. «La percepción de una prestación por hijo a cargo es determinante para mejorar las cifras actuales», añade Grimalt.
¿Renta básica universal?
Grimalt defiende que, visto que las rentas mínimas, como el IMV o la RESOGA, continúan dejando a mucha población excluida, «es hora de poner sobre la mesa el debate sobre la renta básica universal. Es una prestación para conseguir una vida digna por el simple hecho de nacer». La Red Renta Básica es una iniciativa que comenzó en España en 2001. Han estado investigando y promoviendo la propuesta de renta básica universal en las comunidades. En el Parlament balear se solicitó un estudio piloto para ver si sería factible su implementación. Catalunya fue la primera autonomía en realizar un simulador, en junio de 2021, con el Partido Socialista PSC-Units. Sin embargo, quedó rechazada al final por presión política.
Hay que recordar que el 17 % de la población balear se encuentra en riesgo de pobreza, que son unas 200.000 personas, y un 8,4 % sufre pobreza severa. Por otra parte, están los que padecen de privación material y social. Representan el 5,5 % de la población total, unas 65.000 personas, pero más preocupa que esta privación tenga una mayor incidencia en niños de 0 a 17 años, un 8,6 %, según Unicef. Retrasos en el pago de gastos de vivienda, no poder mantener una temperatura adecuada en casa, no disfrutar de vacaciones o no comer carne o pescado son indicadores de vulnerabilidad en el hogar.